El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galvarro, reveló que la aerolínea estatal enfrenta un déficit acumulado de 215 millones de bolivianos entre enero y octubre de este año, desmintiendo así las afirmaciones de la administración anterior que señalaban un superávit en ese periodo.
Galvarro, quien asumió el cargo en noviembre tras el inicio de la gestión presidencial de Rodrigo Paz, explicó que la mitad de la flota aérea permanece fuera de servicio debido a la falta de mantenimiento y repuestos. De las 20 aeronaves disponibles, solo 10 están operativas, aunque BoA continúa pagando alquiler por todas ellas.
La deuda con los propietarios de las aeronaves asciende a 19 millones de dólares, y al sumar los compromisos pendientes con los talleres de mantenimiento, el monto total se aproxima a 37 millones de dólares. Esta situación ha afectado la operatividad, ya que en noviembre se planificó volar con 12 aviones, pero solo se logró operar con ocho, lo que generó demoras, cancelaciones y el incumplimiento de itinerarios previamente comercializados.
En relación con el futuro de la empresa, el gerente general descartó cualquier intención de privatización. En cambio, destacó que el Gobierno apuesta por fortalecer alianzas público-privadas con el fin de mejorar el servicio y recuperar la confianza de los pasajeros. Galvarro enfatizó que las aeronaves están operando de manera continua para atender una demanda insatisfecha y que el objetivo principal es lograr que la aerolínea alcance la autosostenibilidad. Además, anticipó que en un plazo aproximado de cuatro meses se podría recuperar entre 15 y 16 aviones, lo que favorecería la eficiencia operativa, la puntualidad y la calidad en la atención al cliente.
Por su parte, el especialista en aeronáutica Álvaro Munguía coincidió en que BoA no debería ser privatizada, sino capitalizada para asegurar su viabilidad financiera. Munguía explicó que la capitalización implica la incorporación de un socio estratégico que aporte recursos y asuma parte de la gestión, sin que el Estado pierda la propiedad total de la empresa. Este proceso, según el experto, debería ser considerado una política de Estado y ejecutarse en un plazo de dos meses, con la participación de inversión extranjera privada. En contraste, la privatización significaría la venta completa de la empresa y la pérdida de control estatal.
La situación actual de BoA pone en evidencia la necesidad de una reestructuración financiera y operativa que permita revertir las pérdidas y fortalecer la aerolínea estatal para enfrentar la demanda del mercado aéreo nacional
