Luis Alberto Sánchez, quien se desempeñó como ministro de Hidrocarburos durante la administración de Evo Morales, volvió a manifestar su postura sobre el potencial energético de Bolivia, reafirmando que el país posee un vasto mar de gas. Según Sánchez, es fundamental establecer nuevos contratos que incluyan incentivos atractivos para fomentar la inversión extranjera en la exploración y explotación de estos recursos.
El exfuncionario destacó que diversos estudios técnicos realizados por entidades como Beicip Franlab, Cancambria y la Asociación Americana de Geólogos Petroleros respaldan esta visión. En particular, mencionó que la certificación de reservas de gas de 2018 determinó que Bolivia cuenta con aproximadamente 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas certificadas, lo que representa solo una fracción del potencial total. Según Sánchez, aún resta por descubrir el 54% del gas convencional y el 42% del gas no convencional en el territorio nacional.
Sánchez recordó que su expresión sobre el mar de gas fue utilizada en la campaña electoral de 2019 por Evo Morales, basándose en los hallazgos obtenidos tras el éxito del pozo exploratorio Boyuy X-2. Este descubrimiento evidenció la existencia de importantes áreas hidrocarburíferas en las regiones de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, donde se identificaron 33 áreas con potencial para la explotación de hidrocarburos.
Respecto a los contratos para la exploración y explotación, Sánchez subrayó la necesidad de mejorar la legislación vigente y ofrecer mejores incentivos para atraer a las empresas. Además, negó las afirmaciones de los gobiernos actuales y anteriores sobre la ausencia de actividades exploratorias, señalando que la firma francesa Beicip Franlab estuvo trabajando en Bolivia desde 2014 durante más de cinco años, realizando estudios técnicos para identificar nuevos prospectos hidrocarburíferos.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, reconoció que el sector enfrenta una coyuntura compleja, aunque mostró optimismo en la capacidad del país para revertir esta situación. Señaló que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha evolucionado hacia una empresa centrada en la comercialización, principalmente en la importación de combustibles, lo que difiere de su propósito original de dedicarse a la exploración y explotación, actividad que debería compartirse con el sector privado, tal como ocurre en otras compañías estatales de la región.
En cuanto a la estructura de los nuevos contratos, Medinaceli explicó que se contempla una primera fase de cinco años que permitirá la coexistencia de un mercado regulado y otro no regulado. Las empresas interesadas podrán importar diésel para su propio uso en el mercado no regulado, mientras que en el mercado regulado se garantizarán volúmenes de venta y márgenes de ganancia razonables. Además, las compañías que participen en este mercado deberán encargarse también de la distribución a nivel de estaciones de servicio.
Finalmente, el ministro señaló que la actual ley de hidrocarburos otorga un monopolio a YPFB, pero advirtió que la empresa estatal enfrenta limitaciones financieras que incluso dificultan la emisión de cartas de crédito, lo que representa un obstáculo para su operatividad y expansión en el sector
