Los impuestos aplicados a los juegos de azar y a las promociones empresariales continúan vigentes debido a que no se ha promulgado una ley que los derogue oficialmente ni que establezca el futuro de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ). A pesar de los anuncios realizados por el Gobierno sobre posibles cambios, hasta ahora no se ha presentado ninguna modificación normativa ni proyecto legislativo concreto.
La Ley Nº 060, promulgada en 2010, fue la base para la creación de la AJ y estableció tributos nacionales sobre estas actividades. Mientras no exista una norma que revoque esta legislación, la entidad mantiene su labor de supervisión y control, especialmente en temporadas de alta demanda como fin de año, cuando las promociones empresariales aumentan. La AJ advierte que quienes no cuenten con las autorizaciones correspondientes pueden ser sancionados, buscando proteger a los consumidores de posibles fraudes.
Funcionarios vinculados al organismo han confirmado que no se han producido cambios en la estructura ni en las funciones de sus responsables, y que no se ha recibido ninguna instrucción del Ministerio de Economía que modifique su operatividad. De hecho, tras los anuncios oficiales sobre la eliminación de ciertos impuestos, la AJ continuó con intervenciones en locales de juegos de azar y autorizó diversas promociones empresariales que ofrecen descuentos, viajes, alimentos y terrenos, entre otros.
Especialistas en derecho señalan que la supresión de estos impuestos y la eventual disolución de la AJ deben realizarse mediante un proceso legislativo formal. El proyecto que se enviará a la Asamblea Legislativa podrá sufrir modificaciones durante su debate, y solo entonces se podrá evaluar con precisión su impacto. La eliminación del impuesto del 10% sobre promociones empresariales podría beneficiar principalmente a pequeños emprendedores al aliviar su carga fiscal, aunque se subraya la necesidad de mantener regulaciones que eviten engaños y fraudes hacia los consumidores.
En cuanto a los juegos de azar, la eliminación del impuesto responde a una estrategia gubernamental para atraer inversiones extranjeras. En países con regulaciones claras, esta actividad genera ingresos significativos que pueden ser destinados a áreas públicas, como la salud. Por ello, se destaca la importancia de no estigmatizar el juego, sino de establecer un marco normativo adecuado. Sin embargo, las regulaciones existentes basadas en estándares internacionales no se implementaron plenamente debido a la elevada carga impositiva que desalentaba a los inversionistas.
Desde el punto de vista de analistas, aunque la reducción de impuestos a estas actividades es positiva para la población y el emprendimiento, la falta de un proyecto de ley concreto genera incertidumbre sobre su ejecución. Se plantea además que, junto con la eliminación de estos tributos, debería considerarse la disolución de la AJ, considerada por algunos como una entidad burocrática que más que proteger a los consumidores, funcionaba como un mecanismo recaudador que limitaba las promociones y sorteos debido a los costos y sanciones impuestas.
Los usuarios afectados por el impuesto a las promociones empresariales expresan opiniones diversas, dependiendo del tamaño de la empresa. Mientras grandes multinacionales pueden absorber estos costos, pequeños vendedores enfrentan dificultades. Además, aunque la solicitud para realizar promociones es gratuita, el proceso administrativo es lento y complejo, requiriendo la presentación de un proyecto detallado que incluya información sobre la promoción, duración, modalidad de premios, fechas, lugares, descripción de los premios y la contratación de un Notario de Fe Pública, lo que representa una carga adicional para los emprendedores.
En conclusión, la eliminación de los impuestos a los juegos de azar y a las promociones empresariales aún depende de la aprobación de una ley que también defina el futuro de la Autoridad del Juego. Mientras tanto, la supervisión y regulación continúan vigentes, y se mantiene el debate sobre la necesidad de simplificar los trámites y reducir la burocracia para favorecer al sector productivo y proteger a los consumidores
