Hasta septiembre de este año, Bolivia registró un total de 23,639 denuncias por violencia de género, principalmente dirigidas contra mujeres, según datos del Ministerio Público. Aunque estas cifras reflejan una leve reducción en comparación con años anteriores, continúan siendo altas y representan un desafío significativo para las autoridades y la sociedad.

La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), María Esther Valencia Vasco, detalló que en años recientes las denuncias se mantuvieron elevadas: en 2021 se reportaron más de 34,000 casos, en 2022 superaron los 36,000 y en 2023 rondaron los 35,000. Para este 2025, la cifra hasta septiembre ya alcanza los 23,639 reportes a nivel nacional.

En cuanto a feminicidios, las estadísticas muestran una tendencia a la baja, aunque la problemática persiste. En 2021 se registraron 108 casos, cifra que disminuyó a 95 en 2022 y a 81 en 2023. En 2024 hubo un ligero repunte con 84 casos, y hasta la fecha en 2025 se contabilizan 71. En algunos departamentos, como Tarija, solo se ha reportado un feminicidio en lo que va del año, cifra que las autoridades esperan que se mantenga hasta finales de diciembre.

La reducción paulatina de estos índices se atribuye a diversas campañas de prevención impulsadas por entidades públicas y privadas, entre ellas el Sedeges y la gobernación, que han desarrollado actividades dirigidas a más de 5,000 estudiantes de distintas unidades educativas. También se han involucrado a padres de familia con el objetivo de fomentar una conciencia colectiva que permita romper el ciclo de violencia intergeneracional, dado que la normalización de la violencia en el entorno familiar es uno de los factores que perpetúa este problema.

Respecto a la legislación vigente, aunque Bolivia cuenta con numerosas leyes diseñadas para combatir la violencia de género —algunas incluso reconocidas internacionalmente—, la directora reconoció que el principal reto radica en la implementación efectiva de estas normas. La falta de recursos adecuados y la insuficiente asignación presupuestaria dificultan el cumplimiento pleno de las políticas destinadas a la protección y el desarrollo humano.

En este sentido, Valencia Vasco destacó que a nivel nacional el presupuesto destinado al desarrollo humano suele ser mínimo, representando apenas un 1% del total asignado por gobiernos departamentales y municipales. Sin embargo, mencionó que la gobernación de Tarija ha priorizado esta área, destinando más del 30% de su presupuesto a programas sociales, lo que constituye un ejemplo en el país. Entre las iniciativas implementadas en esta región se encuentran la entrega de canastas alimentarias, apoyo a personas con discapacidad, suministro gratuito de medicamentos para pacientes con cáncer y tratamientos como sesiones de diálisis para enfermos renales, servicios que no se replican con la misma intensidad en otras partes del país.

A pesar de los avances y esfuerzos realizados, las autoridades insisten en la necesidad de reforzar las acciones y garantizar recursos suficientes para erradicar la violencia de género y mejorar la calidad de vida de la población vulnerable en Bolivia