El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó este miércoles la necesidad de llevar a cabo una reestructuración integral en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), enfatizando que este proceso debe fundamentarse en principios de meritocracia y respeto hacia los trabajadores de la entidad. Durante una conferencia en las instalaciones de ENDE, el mandatario expresó su confianza en los profesionales que conforman la empresa y sus filiales, destacando que la eficiencia será clave para revitalizar tanto la central como las diez subsidiarias que la componen.
En el marco de su visita, Paz Pereira compartió datos relevantes sobre el consumo energético actual, señalando que de cada diez focos encendidos, siete funcionan con gas natural. Advirtió que, según proyecciones, este recurso se agotará para el año 2028, lo que representa un desafío importante para el sector eléctrico que el gobierno está dispuesto a enfrentar con seriedad.
Además, el presidente manifestó su sorpresa al constatar que la regulación vigente en el sector eléctrico se basa en la Ley 1604, promulgada durante la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada, conocida como la Ley de Capitalización. A su juicio, esta normativa ha sido objeto de modificaciones superficiales, pero no se ha desarrollado un marco legal actualizado que permita dinamizar y modernizar el sector, ni mejorar la calidad del servicio energético ofrecido a la población.
Por otro lado, en días recientes, la Central Obrera Boliviana (COB) expresó su preocupación ante un posible proyecto de decreto supremo que plantea que los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ENDE pasen del régimen de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027, correspondiente al Estatuto del Funcionario Público. Esta iniciativa busca institucionalizar ambas entidades bajo criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia, eliminando los sindicatos internos y estableciendo que el personal se incorpore al régimen de servidor público.
La COB advirtió que esta medida podría implicar la reducción de beneficios sociales para los trabajadores y restricciones en su derecho a la sindicalización, generando inquietudes sobre el impacto que tendría en los derechos laborales de quienes laboran en estos sectores estratégicos
