El sector de la construcción nacional manifiesta su expectativa de que se implementen mejoras significativas en la política tributaria del país, particularmente en relación con la eliminación del acoso fiscal y la condonación de multas e intereses generados por retrasos en el pago de impuestos. Esta demanda surge tras un período en el que, según representantes del sector, la presión tributaria se intensificó considerablemente.
Pascual Velásquez Osorio, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), señaló que durante la administración anterior, el sistema impositivo fue utilizado como un mecanismo de presión hacia las empresas y trabajadores formales, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. Destacó que las multas aplicadas en muchos casos llegaban a duplicar el monto original de la contribución, y que los plazos para regularizar estas deudas eran extremadamente cortos, lo que generó un impacto negativo en la operatividad de los contribuyentes.
Un problema recurrente identificado en el sector de la construcción y en las consultorías profesionales vinculadas a esta área fue la demora en el pago por parte del Estado, que en ocasiones se extendía hasta tres o cuatro meses. Esta situación provocaba que los impuestos debieran ser declarados dentro de plazos en los que aún no se habían recibido los recursos correspondientes, generando multas que afectaron a quienes cumplían con sus responsabilidades fiscales.
El presidente de la SIB enfatizó que la liberación de estas multas e intereses constituiría una medida favorable para aliviar la carga financiera de las empresas formales y profesionales del país, facilitando un entorno más propicio para el desarrollo económico. Además, propuso que, junto con esta medida, se realice un reajuste integral del sistema tributario que incluya una reducción generalizada de impuestos, considerando que actualmente existe un régimen impositivo único a nivel nacional.
Velásquez también hizo referencia a la necesidad de implementar la universalización de la facturación como parte de las reformas tributarias. Explicó que en la actualidad, facturas emitidas por establecimientos como restaurantes y hoteles no son aceptadas para la declaración de impuestos, lo que genera inconsistencias y dificulta la transparencia fiscal. La adopción de facturas universales permitiría que todos los comprobantes puedan ser declarados, mejorando la equidad y facilitando el cumplimiento tributario.
Finalmente, reiteró que las prácticas de acoso fiscal, que incluyeron llamadas constantes, visitas y notificaciones en las oficinas, afectaron tanto a pequeños como a grandes contribuyentes, llegando incluso a interferir con el desarrollo normal de sus actividades laborales. Por ello, consideró que las propuestas de eliminar multas e intereses, junto con una reforma tributaria que contemple la universalización de facturas y una reducción impositiva, serían pasos decisivos para fortalecer el sector formal y promover un ambiente más justo y sostenible para todos los actores económicos
