Luego de casi once meses desde su designación como magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la abogada oriunda de Oruro, Paola Verónica Prudencio Candia, asumió la presidencia de este órgano constitucional. Este cambio se produjo tras la decisión judicial que ordenó el cese inmediato de quienes mantenían de manera irregular la dirección del tribunal.

Durante su discurso inaugural, Prudencio Candia destacó la legitimidad que le otorgó su elección en las elecciones judiciales de diciembre de 2023. Aunque los cuatro magistrados electos contaban con respaldo legal, la conducción del TCP había estado en manos de personas que se autoproclamaban en sus cargos, manteniendo el control de la institución.

La nueva presidenta hizo un llamado a la ciudadanía para renovar la confianza en las instituciones, comprometiéndose a liderar el tribunal con responsabilidad y firmeza, especialmente en un contexto desafiante. Subrayó que, junto con sus colegas Ángel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López y Amalia Laura Villca, conforman la sala plena del TCP, la cual cuenta con suficiente jurisprudencia para operar con cuatro magistrados.

Entre las primeras medidas adoptadas por esta sala plena se encuentran la organización de las salas, la creación de una comisión de admisión, la transmisión pública de sorteos de expedientes, la unificación de criterios jurisprudenciales, la acumulación de casos para disminuir la carga procesal, y la revisión de reglamentos internos relacionados con el funcionamiento del tribunal y las avocaciones. Asimismo, se impulsaron procesos para la reestructuración institucional, convocatorias públicas para cargos jurisdiccionales y administrativos, auditorías internas, revisión presupuestaria y la eliminación del cerco de seguridad que rodeaba al tribunal.

En una conferencia de prensa, la presidenta recordó que los exmagistrados prácticamente no asistían a sus oficinas, pero mantenían cerradas las puertas del TCP. Además, señaló que en 2018, al finalizar la gestión anterior, no había mora procesal. En contraste, la nueva administración ha recibido una carga de más de 17.000 casos pendientes, cifra que están verificando para atender con prontitud las demandas judiciales del pueblo boliviano