La Fiscalía Departamental de Chuquisaca ha iniciado una investigación penal contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras recibir una denuncia que los acusa de aprobar una resolución que habría extendido de manera inconstitucional sus mandatos. La denuncia fue presentada por dos magistradas electas en los comicios judiciales de 2024, quienes argumentan que dicha resolución vulnera la Constitución al prolongar funciones que debían concluir el año anterior.

La fiscal encargada del caso, Jenny Esther Torrico Delgadillo, confirmó la apertura de la fase preliminar de investigación mediante un informe dirigido al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer. En el documento se especifica que la denuncia fue admitida tras corregir observaciones iniciales y que el proceso continuará conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

Los magistrados denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. La investigación apunta a posibles delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica, contemplados en los artículos 148 Bis y 199 del Código Penal.

El Ministerio Público enfatizó que actuará con estricto apego al principio de obligatoriedad, mientras que el juzgado correspondiente ejercerá el control jurisdiccional pertinente. La denuncia fue presentada el 12 de noviembre por las magistradas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes cuestionan el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O, emitido el 31 de octubre. Según ellas, esta resolución fue aprobada de manera opaca y sin la participación de los nuevos magistrados electos.

Una de las denunciantes manifestó que el documento no fue remitido a los integrantes recién designados de la Sala Plena y que se presentó como una decisión unánime, ocultando la existencia de disidencias. Además, señaló que la resolución invade competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa al impedir la remoción de los magistrados prorrogados hasta que se elijan nuevas autoridades, lo que ha generado una extensión irregular de sus funciones por dos años.

Por su parte, el magistrado electo Boris Arias solicitó que la nulidad del auto constitucional sea analizada por magistrados suplentes y recordó que los nueve miembros del TCP pueden ser sujetos a juicio de responsabilidades.

El conflicto ha escalado dentro del sistema judicial, ya que los magistrados electos advierten que la controversia no se limita al último auto, sino que forma parte de una serie de resoluciones que, a su juicio, exceden las atribuciones del TCP al declarar la inconstitucionalidad de proyectos de ley a través de autos, un procedimiento no previsto en el Código Procesal Constitucional.

La tensión aumentó cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, manifestó públicamente su rechazo a la resolución que autorizó la tercera prórroga de mandatos, señalando que dicha medida limita las facultades de la Asamblea Legislativa. Saucedo expresó su respaldo a la denuncia y subrayó la necesidad de restablecer el Estado de Derecho para avanzar en la reconstrucción del país.

Además, la Cumbre Judicial, reunida el 14 de noviembre en Sucre, solicitó el cese de los magistrados que extendieron sus mandatos de forma autoproclamada, incrementando la presión institucional sobre el TCP.

Con la admisión de la denuncia, la Fiscalía continúa con la etapa preliminar que contempla la recopilación de testimonios y la revisión de la documentación aportada por las denunciantes. Toda la evidencia ha sido registrada en el sistema informático del Ministerio Público, que está interconectado con el Órgano Judicial para garantizar la transparencia y el seguimiento del proceso