Un conjunto de 90 organizaciones de la sociedad civil emitió un pronunciamiento en el que expresan su preocupación ante el anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el cierre del Ministerio de Justicia. Según estas agrupaciones, esta medida podría provocar un vacío en la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar derechos, promover la igualdad y brindar atención frente a la violencia en la sociedad.
Las entidades firmantes advierten que el cierre impactaría de manera directa en diversas instancias dependientes de dicha cartera, incluyendo varios viceministerios y direcciones especializadas. Entre ellos destacan el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Viceministerio de Derechos Fundamentales, el Viceministerio de Prevención y Gestión Institucional, así como el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina. También mencionan instituciones como SEPDAVI, SIJPLU, SIPPASE, la Defensoría Pública y las direcciones encargadas de temas de género, infancia, discapacidad, adultos mayores, entre otros.
Estas organizaciones subrayan la importancia de estas instituciones para brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, adultos mayores y personas en situación de riesgo, quienes dependen del Estado para acceder a la justicia gratuita y a servicios de protección.
El pronunciamiento señala que la decisión de cerrar el Ministerio de Justicia, adoptada recientemente por el presidente, vulnera principios constitucionales relacionados con derechos fundamentales y afecta la estructura institucional establecida por leyes clave como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el Código Niña, Niño y Adolescente, y la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Asimismo, advierten que esta medida contraviene compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, igualdad y prevención de la violencia, respaldados por organismos como el Sistema Universal de Derechos Humanos, CEDAW, CIDH, CDPD, la Convención de Belém do Pará y el Examen Periódico Universal.
Ante este panorama, las organizaciones demandan al Gobierno garantizar el fortalecimiento institucional responsable de la formulación y ejecución de políticas públicas para la protección de los derechos humanos y de las mujeres. Además, solicitan que cualquier proceso de reestructuración se realice con un análisis riguroso, técnico y participativo, en el que la sociedad civil tenga un rol activo en la construcción de la nueva configuración estatal que permita el pleno ejercicio de los derechos.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz, en declaraciones durante su llegada a Santa Cruz, defendió la transición que implica el cierre del Ministerio de Justicia, afirmando que se trata de un proceso administrativo y legal que no ocurre de manera inmediata. Destacó que esta transformación busca instaurar una justicia basada en la transparencia, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, con especial énfasis en la representación equitativa y la inclusión de los pueblos originarios indígenas.
El mandatario indicó que los resultados de esta transición serán evidentes a partir del lunes siguiente, y aseguró que la nueva estructura pondrá fin a prácticas asociadas a la persecución política y al incumplimiento normativo, dando paso a un formato renovado de trabajo en materia de justicia
