En los últimos días, ha surgido una intensa controversia tras la filtración de un plan de paz de 28 puntos destinado a resolver el conflicto en Ucrania, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. Este borrador, elaborado en coordinación con representantes rusos, propone concesiones territoriales y una reducción significativa de las capacidades militares ucranianas, lo que ha generado críticas en diversas capitales europeas, que lo califican como una imposición que equivale a una rendición para Kiev.
Aunque el documento no fue divulgado oficialmente, la información difundida por medios estadounidenses ha provocado una fuerte reacción diplomática. Según las fuentes, el plan establece límites estrictos al tamaño y armamento del ejército ucraniano, además de contemplar modificaciones fronterizas que beneficiarían a Moscú. Estas condiciones han sido rechazadas por varios países europeos, cuyos ministros de Relaciones Exteriores han dejado claro que no apoyarán ningún acuerdo que restrinja la defensa ucraniana ni que pueda interpretarse como una recompensa a la agresión rusa. Francia, Polonia y Estonia, entre otros, han enfatizado que la paz no puede lograrse a través de una capitulación y que Ucrania debe mantener su soberanía y capacidad disuasoria. Asimismo, ha sorprendido la discreción con la que se llevaron a cabo las negociaciones entre Washington y Moscú, sin consultas formales a los aliados europeos.
En Ucrania, el impacto político ha sido considerable. Tras un ataque ruso que causó decenas de víctimas, el presidente Volodimir Zelensky convocó con urgencia a una delegación del Pentágono para evaluar la situación militar y fortalecer la posición del país antes de enfrentar presiones negociadoras. El gobierno ucraniano ha manifestado desconfianza hacia el borrador, especialmente luego de que el enviado estadounidense cancelara una reunión prevista con Zelensky en Turquía. Funcionarios locales calificaron los términos filtrados como inaceptables y denunciaron que el plan representa un marco impuesto por el Kremlin sin la participación real de Ucrania.
El plan, desarrollado por altos funcionarios de la administración Trump, busca poner fin al conflicto mediante compromisos territoriales, militares y políticos que favorecen en gran medida a Rusia. Entre sus puntos más controvertidos se encuentra la exigencia de que Ucrania renuncie a una parte importante de su territorio, incluyendo regiones del Donbass y zonas aún no controladas por Moscú, así como el reconocimiento formal de Crimea como territorio ruso. Además, se propone una reducción drástica del ejército ucraniano, limitándolo a aproximadamente 400.000 efectivos y restringiendo sus capacidades de ataque de largo alcance. También se plantea la prohibición del despliegue de tropas extranjeras en suelo ucraniano tras un eventual alto al fuego, lo que impediría el apoyo militar directo de países europeos.
Este planteamiento ha sido considerado por Kiev como una vulneración a su soberanía y una consolidación de los objetivos estratégicos de Vladimir Putin, al dejar al país más vulnerable y con escasas herramientas para disuadir futuras agresiones. La elaboración del plan involucró al enviado especial Steve Witkoff, quien mantuvo contactos con un operador diplomático del Kremlin, y contó con la participación de figuras cercanas a Trump, como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y Jared Kushner. Ucrania fue informada tardíamente y no tuvo oportunidad de influir en el contenido, mientras que la Unión Europea fue excluida del proceso, lo que generó cuestionamientos sobre la legitimidad de la iniciativa.
Desde la Casa Blanca, no se han realizado declaraciones oficiales sobre el plan, aunque algunos de sus arquitectos han reconocido que se están considerando propuestas serias que implicarían concesiones difíciles para ambas partes. Por su parte, Rusia ha evitado validar o rechazar explícitamente el borrador, aunque su contenido coincide con las demandas que ha planteado desde el inicio del conflicto, como cesión territorial, desmilitarización y garantías de no presencia militar occidental en sus fronteras.
El gobierno ucraniano mantiene una postura firme de rechazo, argumentando que el plan fue impuesto sin su consentimiento y que aceptar sus términos equivaldría a una capitulación que dejaría al país expuesto a futuras agresiones. La Unión Europea también ha expresado su oposición a cualquier acuerdo que limite la capacidad defensiva de Ucrania o que legitime la ocupación territorial mediante la fuerza, subrayando que una paz duradera no puede basarse en condiciones punitivas para Kiev.
El momento en que se ha presentado esta propuesta responde a una combinación de factores, incluyendo el avance lento pero sostenido de Rusia en el terreno, las limitaciones militares de Ucrania y la situación política interna del gobierno de Zelensky, afectado por denuncias de corrupción. Desde Estados Unidos, la administración busca una solución que permita cerrar el conflicto y redefinir su relación con Rusia bajo nuevos términos. Sin embargo, la viabilidad del plan es baja, dado el rechazo categórico de Ucrania, la oposición europea y la falta de una aceptación formal por parte de Rusia.
A pesar de ello, esta iniciativa representa un cambio significativo en la postura estadounidense, al mostrar disposición para considerar acuerdos que incorporan demandas clave del Kremlin. Aunque el plan no prospere en su forma actual, podría influir en el marco de futuras negociaciones y alterar el equilibrio diplomático que ha caracterizado el conflicto desde 2022
