Durante la noche del miércoles, desde el Palacio Quemado se informó que el actual ministro de Justicia, Freddy Alejandro Vidovic, cuenta con una sentencia firme que establece una condena de tres años de prisión, lo que implica la suspensión de sus derechos ciudadanos.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, comunicó que se recibió una certificación oficial que confirma la existencia de esta sentencia ejecutoriada. La información fue presentada a partir de una nota remitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, dirigida al presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira, tras una revisión exhaustiva de los expedientes correspondientes.
Según detalló Oviedo, el 30 de mayo de 2015, Vidovic, en calidad de abogado en ese momento, aceptó someterse a un proceso abreviado. Como resultado, el juez primero de instrucción cautelar en lo penal, Renán Cordero, dictó una condena de tres años de prisión por el delito de favorecimiento a la evasión. Este caso está vinculado a la fuga de Martín Belaunde, ciudadano peruano que en mayo de 2015 escapó de un arresto domiciliario que cumplía en Bolivia, donde aguardaba su extradición a Perú por cargos relacionados con corrupción.
El ministro Oviedo subrayó que, al contar con una sentencia ejecutoriada, Vidovic tiene restringidos sus derechos ciudadanos, lo que incluye la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Además, señaló que esta condena no aparece registrada en el Registro de Antecedentes Judiciales y Penales (Rejap), sistema oficial que el Estado boliviano utiliza para verificar el estatus legal de quienes aspiran a desempeñar funciones públicas.
Este anuncio se produce a menos de dos semanas de que Vidovic asumiera el cargo de ministro de Justicia y en un contexto de rumores sobre un distanciamiento político entre el presidente Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quien fue responsable de designar a Vidovic para el ministerio.
Ante la consulta sobre si Vidovic puede ocupar un cargo público o ministerial, Oviedo aclaró que la sentencia limita sus derechos y, por lo tanto, le impide ejercer funciones públicas
