Una alerta sobre la habilitación irregular de teléfonos reportados como robados en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) surgió tras la denuncia presentada por una usuaria en Oruro durante junio. Según un informe técnico, esta denuncia inicial contra un funcionario de Entel motivó una investigación más amplia que abarcó también a Datacom S.R.L., empresa subsidiaria de Entel.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que, durante una inspección realizada el 13 de noviembre, se detectaron movimientos atípicos en la liberación de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) por parte de agentes de Entel desde julio. Un informe técnico entregado en septiembre a las autoridades de Datacom y Entel reveló que dos empleados de Entel y 21 de Datacom habilitaron de manera irregular al menos 1.053 celulares cuyos IMEI habían sido reportados como robados por sus propietarios.
La normativa vigente establece que únicamente el propietario del equipo, presentando físicamente el celular, puede solicitar el desbloqueo o la eliminación del IMEI de las listas negras. Sin embargo, los operadores involucrados no presentaron documentación que justificara estas habilitaciones irregulares.
Datacom, que funciona como una subsidiaria privada de Entel con más de 1.200 trabajadores, brinda servicios presenciales y virtuales de atención al cliente y soporte técnico para Entel mediante contratos de tercerización. Los empleados están organizados en un sindicato encabezado por Alexis Veneros, quien ha sido acusado por el Comité de Bases de vulnerar los derechos de los trabajadores mediante extorsiones y amenazas. Estas denuncias fueron remitidas al Ministerio de Trabajo y al entonces presidente en agosto y octubre.
La situación con los celulares robados y posteriormente habilitados genera preocupación por el posible impacto económico negativo para Datacom y las familias de sus empleados. El líder sindical Veneros ha atribuido la filtración del informe técnico al Comité de Bases, aunque dichos documentos solo estaban disponibles para los altos mandos de Entel y Datacom, según trabajadores de base consultados.
Entre las irregularidades denunciadas también figura un caso vinculado al exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, relacionado con un contrato de alquiler de inmuebles que beneficiaría a un familiar suyo. Huarachi fue recientemente enviado a prisión preventiva por enriquecimiento ilícito y otros delitos en un caso de corrupción vinculado a un exministro.
Fuentes cercanas aseguran que Veneros ha difundido información falsa para generar temor entre los trabajadores, sugiriendo que la empresa podría cerrar y responsabilizando a quienes buscan destituirlo por presuntos actos de corrupción y venta de puestos sindicales. Intentos de contacto con Veneros para conocer su versión no tuvieron éxito, y dirigentes de la COB indicaron que él ha buscado apoyo político para mantener su influencia sindical.
Se conoció además que el exgerente de Datacom, Rodrigo Delgadillo, vinculado al gobierno actual y a campañas políticas, estuvo presente en la toma de posesión de nuevos viceministros del Ministerio de la Presidencia.
Consultas realizadas a las áreas de Transparencia de Entel, al nuevo gerente y al Ministerio de Obras Públicas sobre las medidas a tomar frente a estas irregularidades y las acusaciones contra el líder sindical no recibieron respuesta hasta el momento
