Los prestatarios expresan un profundo sentimiento de desilusión y abandono, denunciando que el gobierno actual, que en campaña les prometió respaldo, ha optado por favorecer a las entidades bancarias. Frente a esta situación, la dirigencia nacional de los prestatarios ha anunciado la posibilidad de convocar a la primera movilización contra la administración de Rodrigo Paz si persiste la paralización de la Ley de Diferimiento de Créditos.
La Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija ha manifestado su apoyo a esta postura y criticó la alineación del gobierno central con los intereses empresariales y de la Asociación de Bancos (Asoban). En los próximos días, los representantes de los prestatarios tienen previsto solicitar un encuentro con el vicepresidente Edmand Lara para presentar sus demandas y buscar una solución mediante la mediación.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Ejecutivo esperará la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el recurso cautelar interpuesto por varias entidades financieras contra la Ley 1670, que establece el diferimiento de créditos. Confirmó que el gobierno ya fue notificado oficialmente y que se comunicará a la población el resultado de esta revisión. Sin embargo, destacó que la ley no cumplió con el procedimiento regular de aprobación, por lo que su cartera acatará estrictamente las decisiones judiciales y los procesos correspondientes para evaluar las posibles irregularidades.
En cuanto a los pasos a seguir, Espinoza señaló que el ministerio se ajustará a las disposiciones legales y evaluará la procedencia de las medidas cautelares, en función de las notificaciones recibidas.
Diversos sectores, incluidos dirigentes de micro y pequeñas empresas de La Paz y El Alto, junto con grupos de prestatarios, han advertido sobre la activación de movilizaciones si la ley continúa sin aplicarse. Jaime Velázquez, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de La Paz, criticó la acción de los bancos al presentar el recurso cautelar y cuestionó la falta de defensa gubernamental hacia los sectores afectados por la crisis económica.
Velázquez enfatizó que buscan un diálogo constructivo y que esperan que el gobierno de Rodrigo Paz cumpla su compromiso de trabajar junto a las organizaciones sociales. En paralelo, Maycol Chura, dirigente de prestatarios, advirtió que, en caso de que el TCP falle a favor de los bancos, se convocarán movilizaciones nacionales, con representantes de los nueve departamentos convergiendo en la sede de gobierno para exigir respuestas.
Desde Tarija, Natividad Amador, presidenta de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe, confirmó el respaldo a las acciones nacionales y expresó su preocupación ante la falta de convocatoria para establecer mesas técnicas con los sectores beneficiarios. Criticó que la atención se haya centrado más en Asoban que en quienes enfrentan directamente las consecuencias de la paralización de la ley. Amador afirmó que están dispuestos a movilizarse tanto en el eje central como en otras regiones, y advirtió que no temen enfrentar medidas drásticas para hacerse escuchar.
Además, denunció que durante la campaña electoral el sector fue utilizado como plataforma política con promesas de apoyo que ahora se ven incumplidas. Anunció que una delegación de más de 100 personas partirá desde Tarija hacia La Paz y solicitó a los parlamentarios locales que respalden su causa. Asimismo, manifestó su inquietud por el hecho de que la revisión de la ley esté en manos de dos magistrados autoprorrogados, lo que genera dudas sobre la legitimidad del proceso.
Amador adelantó que buscarán reunirse con el vicepresidente Edmand Lara para mediar en favor de los prestatarios y no descartó solicitar un encuentro con el presidente Rodrigo Paz. No obstante, advirtieron que, si no son escuchados, procederán a la movilización.
En caso de concretarse la protesta, esta sería la primera confrontación significativa del gobierno de Rodrigo Paz. Por otro lado, el exdiputado Edwin Rosas lamentó que la justicia esté obstaculizando la aplicación de la Ley de Diferimiento de Créditos, subrayando que la norma cumplió con todos los procedimientos legislativos y que las entidades financieras tenían la oportunidad de presentar acciones legales antes de su aprobación. Rosas criticó que, una vez en vigor y beneficiando a la población, la paralización judicial de la ley perjudique gravemente a quienes necesitan el diferimiento para sobrellevar la crisis económica
