El actual Gobierno continúa enfrentando evidencias de irregularidades significativas heredadas de la gestión anterior en el sector estatal. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha alertado sobre la posible desviación de cerca del 30% del combustible subsidiado por el Estado hacia el contrabando en países vecinos.

Margot Ayala, directora de la ANH, compartió una estimación preliminar basada en investigaciones en curso, señalando que aún no se cuenta con datos oficiales definitivos, pero que los análisis iniciales revelan esta preocupante tendencia. La autoridad explicó que se está realizando un examen detallado de los mecanismos de control existentes, incluido el Sistema Integrado de Seguridad de Abastecimiento (B-SISA), con el objetivo de identificar y frenar el desvío ilegal de carburantes, una práctica que afecta gravemente al país.

Ayala señaló que el contrabando podría involucrar a personal interno, mencionando la posible participación de funcionarios de Sustancias Controladas, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la propia ANH, quienes estarían facilitando el traslado ilícito de combustibles y, con ello, malversando recursos estatales.

La funcionaria relacionó esta problemática con una cultura de impunidad que ha permitido que estas acciones persistan. Indicó que la falta de controles efectivos y de consecuencias legales ha generado un ambiente en el que se actúa con total libertad, sin temor a sanciones.

En respuesta, la ANH ha intensificado las medidas de control. Durante un operativo sorpresa en la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos de Senkata, en El Alto, se detectaron grupos organizados dedicados al desvío de combustibles subvencionados. Esta intervención resultó en la detención de una persona y la imposición de arresto domiciliario a otra, evidenciando el compromiso de las autoridades para combatir esta práctica.

Margot Ayala subrayó que estas acciones, aunque en apariencia limitadas, son parte de una estrategia más amplia para desarticular las redes de contrabando. Además, advirtió que las sanciones legales son severas, desestimando las críticas que minimizan la importancia de las incautaciones por considerarlas pequeñas. Enfatizó que incluso la confiscación de cantidades reducidas de combustible puede derivar en procesos judiciales y penas de prisión, enviando un mensaje claro a quienes participan en estas actividades ilícitas