Harold Lora, empresario implicado en un caso de estafa conocido como Loritas, ha sido visto participando en eventos sociales y conciertos, a pesar de contar con una orden judicial de detención domiciliaria vigente. Estas apariciones han sido difundidas a través de diversas plataformas digitales y redes sociales, generando preocupación entre las personas afectadas por el proceso legal en su contra, el cual no ha mostrado avances significativos para resolver las denuncias presentadas.
En abril, el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia a las Mujeres de La Paz ordenó que Lora cumpla arresto domiciliario mientras continúa el juicio por estafa, derivado de múltiples denuncias. Según el expediente judicial, numerosas víctimas realizaron pagos por departamentos que nunca fueron entregados, incluso en algunos casos abonaron el monto total de la inversión. Por estos hechos, Lora estuvo bajo detención preventiva durante aproximadamente diez meses en la cárcel de San Pedro.
En marzo de 2025, la Fiscalía decidió sobreseer a Harold Lora en un segundo proceso por enriquecimiento ilícito, argumentando que las pruebas recabadas no eran suficientes para sostener una acusación formal. La detención inicial del empresario se produjo en junio de 2024, tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó movimientos económicos irregulares y transferencias de bienes vinculadas a su padre, un exoficial de Policía.
Una víctima que prefirió mantener su anonimato señaló que el caso relacionado con un edificio ubicado en Aranjuez acumula alrededor de veinte procesos judiciales, lo que refleja la magnitud de las denuncias en su contra. Además, indicó que Lora enfrenta otros procedimientos legales en ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, donde también tiene propiedades en disputa. En La Paz, los proyectos inmobiliarios vinculados a Lora avanzan lentamente y están marcados por conflictos con los copropietarios afectados.
A pesar de la orden de detención domiciliaria, el empresario continúa asistiendo a audiencias y, en ocasiones, se le permite desplazarse fuera de su residencia para cumplir con compromisos legales, lo que ha generado inquietud entre las víctimas que esperan una resolución justa y pronta del caso
