El presidente de Chile, Gabriel Boric, concluirá su mandato en marzo de 2026, momento en el que entregará el poder al ganador de las elecciones presidenciales que se celebran actualmente en el país, o bien al vencedor de una eventual segunda vuelta programada para el 14 de diciembre. Recientemente, Boric visitó La Paz, donde realizó un recorrido por el centro histórico siguiendo la ruta de Violeta Parra. Durante su estancia, mantuvo un encuentro con Rodrigo Paz, el nuevo presidente boliviano que asumió el cargo el 8 de noviembre, marcando el inicio de una etapa política post-MAS tras dos décadas de predominio de ese partido y tras dos litigios internacionales contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que representaron un gasto aproximado de 25 millones de dólares para Bolivia. El mandatario chileno anticipó que regresará a Bolivia, aunque ya no en calidad de jefe de Estado.
El contexto regional presenta nuevos desafíos para ambas naciones, con problemas crecientes relacionados con el crimen organizado, la migración y la reconfiguración geopolítica ligada a los minerales estratégicos. En este escenario, Bolivia busca redefinir su relación con Chile.
Fernando Aramayo, canciller boliviano, explicó que la prioridad es reactivar el diálogo político y diplomático con Chile, aunque señaló que primero es necesario respetar el proceso electoral chileno y esperar a que se defina quién asumirá el gobierno en Santiago. Según Aramayo, una vez consolidado el nuevo gobierno chileno, se retomarán los contactos bilaterales para fortalecer las relaciones institucionales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia subrayó la importancia de superar las deficiencias en la cooperación bilateral de los últimos años. Destacó que la reactivación de la minería en la región, especialmente en torno a minerales críticos vinculados a la transición energética, requiere una colaboración estrecha entre ambos países. Además, resaltó que los recursos hídricos compartidos en el área andina, junto con la vocación minera, son elementos que impulsan una integración regional necesaria.
Aramayo enfatizó que la diplomacia debe traducirse en beneficios tangibles para la población, mencionando que la apertura comercial con Chile podría generar nuevas oportunidades laborales en sectores digitales y fortalecer las redes de protección social, especialmente para los jóvenes bolivianos. Actualmente, Chile es el destino de miles de migrantes bolivianos que buscan mejores condiciones de vida.
Durante las últimas dos décadas, la relación entre Bolivia y Chile ha estado marcada por litigios internacionales, primero por la demanda marítima que Bolivia perdió en 2018 y luego por el caso de las aguas del Silala, donde la CIJ reconoció que se trata de un cauce internacional compartido. Estos procesos no lograron mejorar la cooperación en áreas prácticas como seguridad fronteriza, comercio y control migratorio. Frente a esto, el gobierno de Rodrigo Paz propone un enfoque pragmático que priorice temas urgentes como minería, puertos, seguridad y migración, sin abandonar los principios históricos pero evitando anclarse en disputas pasadas.
En el marco de la actual campaña electoral chilena, las menciones a Bolivia fueron limitadas pero relevantes. De los ocho candidatos presidenciales, solo tres, todos de derecha, abordaron directamente la relación bilateral. Evelyn Matthei planteó avanzar en temas como la migración irregular, el control fronterizo y la lucha contra el crimen organizado, proponiendo la creación de una Policía Militar Fronteriza y la expulsión de migrantes en situación irregular. José Antonio Kast aseguró que, de ganar, reanudará las relaciones diplomáticas con Bolivia desde el primer día y abogó por una alianza conjunta para enfrentar la inmigración ilegal y el narcotráfico, además de criticar al expresidente boliviano Luis Arce por su cercanía con Boric. Por su parte, Johannes Kaiser adoptó una postura más radical, proponiendo el cierre total de la frontera con Bolivia sin diálogo previo.
Los demás candidatos, incluida Jeannette Jara del Partido Comunista y Marco Enríquez-Ominami, no se pronunciaron sobre la relación con Bolivia.
La frontera entre ambos países supera los 900 kilómetros y está regulada por el Tratado de 1904, que garantiza a Bolivia un régimen de libre tránsito permanente hacia puertos en el Pacífico. Sin embargo, esta zona se ha convertido en un corredor crítico para la migración irregular, especialmente de venezolanos, así como para el tráfico de armas, el robo de vehículos y actividades vinculadas a organizaciones narcotraficantes, lo que representa un desafío constante para la seguridad y la cooperación bilateral
