El presidente del Senado, Diego Ávila Navajas, enfatizó la necesidad de crear una nueva Ley de Autonomías en el país para implementar la propuesta de reparto equitativo del 50% de los ingresos provenientes de la coparticipación tributaria. Según Ávila, esta iniciativa requiere una reforma integral que no solo modifique la legislación vigente, sino que establezca un marco legal renovado que permita la transferencia de competencias acompañadas de recursos suficientes a los niveles subnacionales.

El senador explicó que, para que las autonomías departamentales, municipales y regionales puedan gestionar eficazmente el 50% de los recursos estatales, es fundamental redefinir y ampliar sus facultades en áreas clave como salud, educación y seguridad ciudadana. Actualmente, aunque existen competencias transferidas, la falta de recursos limita el alcance de las acciones locales, especialmente en la administración y desarrollo de políticas públicas, más allá de aspectos infraestructurales.

Ávila Navajas subrayó que este proceso implica un análisis detallado y un trabajo minucioso que no puede resolverse rápidamente. Será necesario realizar estudios económicos y definir con precisión cómo se distribuirán y gestionarán los recursos públicos, asegurando que las entidades autónomas puedan asumir plenamente sus responsabilidades. Además, destacó que la decisión de avanzar hacia esta distribución ya cuenta con el respaldo del Ejecutivo nacional.

En este contexto, la nueva Ley no será una simple modificación de la normativa actual, sino un instrumento legal completamente nuevo que garantice la autonomía real de los gobiernos subnacionales, permitiéndoles tomar decisiones con mayor independencia y eficiencia. El senador ejemplificó que, así como se destina un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a la Policía, con la reforma correspondiente, las autonomías también deberán participar activamente en la definición y ejecución de políticas públicas en sus ámbitos de competencia.

Finalmente, Ávila Navajas reiteró que la implementación de esta reforma es un proceso complejo que demandará tiempo y un esfuerzo coordinado para lograr un modelo de gobernanza más descentralizado y equitativo, acorde con las demandas actuales del país