Mario Bascopé, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y conocido como “Tonchy”, ha denunciado que enfrenta obstáculos por parte de las autoridades judiciales y del Régimen Penitenciario para acceder a atención médica fuera del penal de San Roque en Sucre, a pesar del grave deterioro de su salud que le impide incluso alimentarse.

Bascopé, originario de Cochabamba, cumple una condena de diez años por un caso relacionado con el tráfico de sustancias controladas. Además, estuvo encarcelado durante tres años por un proceso vinculado a supuestos daños a un edificio en Sucre, iniciado a partir de una denuncia de la Fiscalía General del Estado. Tanto él como sus compañeros de la RJC sostienen que estos procesos judiciales tienen un trasfondo político, motivados por su oposición al Movimiento al Socialismo (MAS).

El recluso ha calificado su tiempo en prisión como un período de “vejámenes y abusos” que se extiende por cinco años. Padece una enfermedad renal que requiere atención especializada, sin embargo, las autoridades penitenciarias y judiciales han negado repetidamente su solicitud para recibir tratamiento médico adecuado. Según sus declaraciones, la exigencia de contar con un número considerable de custodios policiales para autorizar su traslado ha sido un impedimento constante, situación que se agrava ante su incapacidad para ingerir alimentos.

El caso ha llamado la atención de organismos internacionales. Gerardo Duque, abogado y juez colombiano, quien participó en un congreso internacional de derecho en Sucre, se comprometió a dar seguimiento a la situación, denunciando la vulneración de derechos humanos que enfrenta Bascopé. Este seguimiento también es respaldado por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), bajo la presidencia de Víctor Hugo Gutiérrez y la coordinación para Bolivia a cargo de la activista Carolina Delgadillo.

Recientemente, la hija de Bascopé difundió un video en redes sociales solicitando al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, que revise el caso de su padre y le conceda la libertad. La petición hace referencia a precedentes similares en los que se otorgó el beneficio a figuras políticas como la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Pumari.

El Congreso Internacional de Derecho, que se desarrolló hasta el jueves en conmemoración de los 200 años de fundación de Bolivia, abordó temas como la justicia digital, la transformación tecnológica, nuevas formas de criminalidad, derechos humanos, grupos vulnerables, reforma judicial, eficiencia y medios alternativos, en los cuales se enmarcó la discusión sobre casos como el de Bascopé