El abogado Guery Pereira Terrazas, quien en el pasado representó al actual vicepresidente Edmand Lara, ha revelado una serie de presuntas irregularidades y abusos en torno al caso del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, que afectan directamente al ministro de Justicia Freddy Vidovic Falch. Según Pereira, Vidovic habría sido víctima de torturas y coacciones durante el proceso judicial que derivó en una reciente sentencia en su contra.
Desde Santa Cruz, Pereira señaló la existencia de policías involucrados en estos hechos, entre ellos un exagente apodado “Tamala, el torturador”, quien supuestamente obligó a Vidovic a firmar documentos en blanco bajo amenazas. Estas firmas habrían sido utilizadas posteriormente para fabricar una declaración, un juicio y una sentencia, lo que el abogado considera jurídicamente inválido. Pereira también denunció que este grupo policial actuó bajo la protección de autoridades del gobierno anterior y manipuló varios procesos judiciales. Indicó que el fiscal general de ese entonces, Ramiro Guerrero, habría colaborado en la construcción de este caso, y anunció que se investigará el paradero del exagente “Tamala” para esclarecer su participación en la supuesta fabricación de pruebas.
El abogado recordó además declaraciones públicas del expresidente Evo Morales, quien atribuyó la fuga de Belaunde a fallas policiales sin involucrar a Vidovic, y mencionó que el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó a la administración previa de Hugo Moldiz por la evasión del empresario en 2015. Pereira adelantó que solicitará una revisión exhaustiva del proceso judicial, exigiendo acceso a toda la documentación oficial, incluyendo el cuaderno procesal, la imputación formal y las declaraciones informativas, dado que no existe evidencia clara de que se haya llevado a cabo un juicio conforme a la ley.
Pereira, quien también defendió a Edmand Lara durante su etapa como capitán policial, denunció haber sufrido persecución y hostigamiento durante el régimen anterior, incluyendo sabotajes a su vehículo y agresiones físicas por parte de agentes policiales. Enfatizó que las mismas prácticas de intimidación y difamación que enfrentó en ese entonces ahora se están empleando contra Vidovic, a quien describió como un profesional íntegro.
Por su parte, el exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia, responsable de la investigación del caso Belaunde, expresó desde La Paz que durante la indagación se detectaron irregularidades destinadas a proteger a funcionarios y exautoridades vinculadas al gobierno de aquel periodo. Según Saravia, tanto Belaunde como Juliano Arista, conocido como “el Curaca Blanco”, declararon haber entregado sumas importantes de dinero a cambio de promesas de refugio político. El empresario peruano habría señalado que el ministro de Gobierno de entonces, Hugo Moldiz, y el magistrado Pastor Mamani le solicitaron dinero con la promesa de asistencia, aunque estas declaraciones fueron posteriormente modificadas bajo presiones. Saravia también acusó al exfiscal departamental de La Paz, Paul Franco, de ordenar la alteración de testimonios para evitar implicar a funcionarios gubernamentales.
Asimismo, el exfiscal apuntó al exfiscal general Ramiro Guerrero como responsable de direccionar el proceso para proteger a altos funcionarios, mencionando la destrucción de una declaración clave que involucraba a exministros y miembros de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
En respuesta a estas denuncias, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que se ha ordenado una revisión exhaustiva en los tribunales departamentales para determinar si el ministro Vidovic posee antecedentes o procesos judiciales pendientes. Saucedo explicó que se solicitó a los nueve tribunales del país remitir información sobre cualquier procedimiento judicial relacionado con Vidovic, y que en caso de existir una sentencia condenatoria ejecutoriada, esta será dada a conocer públicamente. El titular del TSJ resaltó que el informe estará listo en un plazo de 24 horas y que se actuará con total transparencia, recordando que una persona con sentencia firme no puede ocupar cargos públicos, aunque también respetan la independencia de los órganos del Estado y reconocen que la designación de ministros es competencia exclusiva del presidente.
El caso de Martín Belaunde Lossio, empresario peruano y exasesor del expresidente Ollanta Humala, tuvo gran repercusión tras su detención en Bolivia en 2015, luego de solicitar refugio político en el país. Su fuga temporal y posterior recaptura en el departamento del Beni generaron una crisis diplomática entre Bolivia y Perú, con versiones encontradas sobre quiénes facilitaron su escape del arresto domiciliario.
Hasta el momento, las exautoridades mencionadas en las acusaciones no han emitido respuesta alguna respecto a las denuncias planteadas
