El debate sobre la sostenibilidad del subsidio a los combustibles ha cobrado protagonismo en la agenda del nuevo Gobierno, que ya trabaja en un proyecto para reformar esta política. Desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se confirmó que en las próximas semanas se presentará una propuesta que incluirá una nueva estructura tarifaria y un plan social orientado a proteger a los sectores más vulnerables de la población.

El ministro encargado del área energética señaló que la eliminación progresiva de la subvención fue una promesa de campaña del presidente, y que actualmente se está diseñando la manera más adecuada para llevar a cabo este cambio. Asimismo, hizo un llamado al sector del transporte para mantener un diálogo abierto, con el fin de abordar las implicaciones de la medida.

Actualmente, el Estado destina una cifra considerable semanalmente para subsidiar la importación de combustibles, lo que mantiene los precios del diésel y la gasolina por debajo de los valores regionales. Sin embargo, ajustar estas tarifas no resulta sencillo, pues implica revisar cada componente de la cadena de valor y establecer nuevos márgenes y precios de referencia. Paralelamente, se trabaja en un conjunto de políticas y regulaciones que permitan mitigar el impacto social de la medida.

Desde el sector del autotransporte, sus representantes esperan una convocatoria para definir una postura común respecto a la propuesta gubernamental. Reconocen que un eventual aumento en los precios de los combustibles podría repercutir en las tarifas de transporte, por lo que solicitan que cualquier ajuste se realice de manera consensuada y gradual, evitando medidas abruptas que puedan afectar al sector y a la población en general.

En el ámbito legislativo, se considera fundamental realizar un análisis detallado de los costos asociados a la importación y distribución de los carburantes antes de modificar los precios. Se enfatiza la importancia de evitar un impacto económico fuerte en los sectores más necesitados y de garantizar transparencia en la administración de los recursos que se liberen con la reducción del subsidio. Además, se propone focalizar el beneficio para proteger a los grupos de menores ingresos y reforzar el control sobre actividades ilegales relacionadas con el combustible.

Un especialista en economía destacó la complejidad del tema, recordando que el subsidio representa una proporción significativa del Producto Interno Bruto y que su mantenimiento indefinido resulta insostenible. También advirtió sobre los riesgos inflacionarios que podría generar un aumento abrupto en los precios, especialmente en un contexto de alta inflación actual. Por ello, recomendó iniciar un análisis técnico y multisectorial que involucre a actores políticos, empresariales y sociales para diseñar una estrategia gradual y bien fundamentada.

En resumen, la revisión del subsidio a los carburantes se presenta como un desafío que requiere equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la protección social. La clave estará en implementar ajustes progresivos, acompañados de medidas compensatorias y controles efectivos, para evitar impactos negativos en la economía y en la calidad de vida de la población