El camino hacia las elecciones subnacionales de 2026 en Bolivia pende de una disposición legislativa crucial. El organismo electoral aguarda la promulgación de una ley por parte de la Asamblea Nacional, la cual servirá como fundamento legal indispensable para convocar a los comicios. Sin este instrumento normativo, la emisión de cualquier llamado a las urnas permanece en suspenso.
Representantes del ámbito electoral han subrayado que la responsabilidad de activar este proceso recae enteramente en el poder legislativo. La labor parlamentaria debe considerar una serie de aspectos, entre ellos, la disparidad en la aprobación de los Estatutos de Autonomía Departamental. Actualmente, solo cuatro departamentos del país han formalizado sus estatutos, mientras que otros cinco aún no han concluido este proceso, un elemento fundamental dentro del sistema autonómico boliviano.
Existe la expectativa de que la Asamblea Nacional apruebe la ley requerida antes de finalizar noviembre. Esta legislación es vital para establecer un marco claro y equitativo para todos los actores involucrados, sirviendo de base para la posterior convocatoria a las elecciones subnacionales.
El cronograma tentativo, sujeto a la aprobación de dicha ley en el plazo previsto, contempla la publicación de la convocatoria electoral a finales de noviembre. Las elecciones se proyectan para marzo de 2026, con una posible segunda vuelta en abril del mismo año, seguida de la entrega de credenciales. Estas fechas representan las estimaciones actuales para el desarrollo del proceso.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral Departamental mantiene sus operaciones habituales, incluyendo la emisión de certificados de excepción para aquellos ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto. Asimismo, se están atendiendo observaciones relacionadas con la certificación ISO-Electoral, enfocándose en la fiabilidad de los datos y el correcto llenado de formularios con las fechas pertinentes, entre otros detalles administrativos.
En cuanto a las organizaciones políticas, entre cuatro y cinco agrupaciones se encuentran actualmente tramitando su personería jurídica. Su participación en las próximas elecciones subnacionales dependerá de la obtención de este reconocimiento legal antes de que concluya noviembre. Aquellas que lo consigan en una fecha posterior no podrán sumarse al proceso, dado que diversas actividades electorales ya estarán en curso.
Se estima que, según los registros actuales, existen alrededor de dieciséis agrupaciones ciudadanas con personería a nivel departamental, regional y municipal. El organismo electoral está llevando a cabo una revisión exhaustiva de estas entidades, ya que algunas personerías están siendo objeto de cancelación. Las causas comunes para estas anulaciones incluyen el incumplimiento de hasta tres requisitos, como la omisión en la presentación de estados financieros. Se prevé que, para finales del presente mes, se disponga de un listado definitivo y preciso de las organizaciones políticas que estarán habilitadas para competir
