El reciente asesinato del juez de Sentencia de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Araníbar, ocurrido el pasado viernes en dicho municipio, se ha vinculado a la presunta inobservancia de un acuerdo para liberar a un miembro de una red de secuestradores activa en el Trópico de Cochabamba. Esta organización criminal, según las investigaciones, mantiene lazos con el Primer Comando de la Capital (PCC).

Ludwin Ledezma, un abogado de Cochabamba, ha expuesto que Nabor López, quien fue asesinado en enero de este año dentro del penal de Chonchocoro, cayó a manos de miembros del PCC. Esto se debe a que numerosos secuestros eran perpetrados por ciudadanos brasileños, inicialmente bajo la dirección de López en libertad y, a partir de 2023, desde la cárcel. Tras la detención de estos individuos, a quienes se les incautaron armas de grueso calibre y proyectiles, sus empleadores los habrían abandonado en prisión.

El jurista ha señalado que, conforme a sus pesquisas, el homicidio del juez Cruz se relaciona con una causa que él supervisaba, en la cual Remberto López, hermano de Nabor, fue condenado y encarcelado. Ledezma identifica a Ariel Villarroel, otro integrante y actual cabecilla de la banda de secuestradores que opera en el Trópico de Cochabamba, como el presunto autor intelectual del crimen del magistrado de 38 años.

Según Ledezma, Remberto López habría efectuado un pago ilícito en el juzgado a cargo de Cruz con el fin de obtener su libertad o, alternativamente, su traslado del centro de reclusión de Cantumarca, en Potosí, donde su seguridad se veía amenazada por la cercanía de miembros del PCC, a una instalación de mínima seguridad en Quillacollo, Cochabamba.

Inicialmente, el juez Cruz y su colega María Cristina Terrazas Lujan habrían beneficiado a Remberto López, dictando una medida de detención domiciliaria. Sin embargo, la Fiscalía interpuso una apelación, impidiendo la excarcelación del delincuente.

La audiencia de apelación se llevó a cabo el pasado viernes en una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. En esa instancia, se revocó la determinación emitida por los jueces de Villa Tunari.

El abogado explicó que la Sala Penal concluyó que Cruz y Terrazas habían favorecido a Remberto López, a pesar de no haber verificado la residencia donde este debía cumplir su detención domiciliaria, además de detectar otras irregularidades en la resolución judicial.

En este contexto, Ledezma asegura que se advirtió a Cruz y Terrazas que, de persistir tales irregularidades, los antecedentes serían remitidos al tribunal disciplinario.

El lunes, antes de que la Fiscalía solicitara la reserva del caso del juez Cruz, Pamela Alcocer, representante departamental de la Magistratura en Cochabamba, informó que la revisión de los antecedentes personales del magistrado no arrojaba ningún proceso disciplinario ni penal en su contra, ni tampoco existían denuncias formalizadas.

No obstante, Ledezma afirma haber presentado denuncias en mayo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Magistratura, solicitando una investigación sobre los miembros del juzgado de Villa Tunari, a quienes acusaba de beneficiar a individuos implicados en secuestros y delitos vinculados al narcotráfico.

Ledezma sostiene que el asesinato de Cruz se produjo por no haber cumplido con el trabajo de favorecer a Remberto López, y que la amenaza contenida en la nota dejada por los asesinos podría estar dirigida a la jueza Terrazas.

Resulta relevante que el mismo viernes, horas antes de la audiencia de apelación y el posterior homicidio de Cruz, Ledezma publicó un video en su cuenta de Tik Tok. En él, denunciaba el presunto favorecimiento de los jueces Cruz, Terrazas y Pamela Betancur Torrico hacia los procesados en el caso de Nabor López.

En dicho video, el jurista detalló que el 1 de noviembre, en el municipio cochabambino de Entre Ríos, dos sicarios ultimaron a Alfredo Rengipo Mérida, de 28 años. Rengipo, quien contaba con al menos tres antecedentes por secuestros y otros delitos, era también parte del grupo criminal de Nabor y Remberto López, y de Villarroel.

Rengipo fue asesinado en la vía pública mientras consumía bebidas alcohólicas, a pesar de encontrarse bajo detención domiciliaria en el mismo proceso iniciado en 2023 contra Nabor.

Respecto al asesinato del juez Cruz, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos anónimos revelan que los dos sicarios, presuntamente de nacionalidad brasileña, habían estado vigilando al magistrado. Se presume que ese día incluso ingresaron al colegio donde el hijo de Cruz participaba en un festival de danza.

A las 22:50 de ese viernes, mientras el juez y su hijo se desplazaban en su vehículo, dos sicarios en motocicleta los interceptaron en una esquina y dispararon contra el juez. Posteriormente, mientras el hijo, desde el asiento del copiloto, intentaba contener la hemorragia de su padre y pedía auxilio, los agresores arrojaron una nota.

El mensaje, escrito a mano, decía: Por no cumplir tu trabajo. Te lo advertí. Igual, Cristina.

Aunque las cámaras de seguridad han proporcionado datos para la identificación de los perpetradores, el lunes, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos en la oficina y el domicilio del juez en Villa Tunari. Asimismo, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se ha dispuesto protección para el hijo del juez y otros individuos involucrados en el caso, presumiéndose que entre ellos se encuentra la jueza Cristina Terrazas