La inviabilidad del actual esquema de subvenciones a los combustibles ha emergido como un punto de convergencia en el debate público. Ante esta realidad, la nueva administración gubernamental ha priorizado la estabilización económica antes de implementar ajustes en esta materia.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías ha confirmado que se encuentra en la fase de elaboración de una propuesta integral, la cual será presentada en un plazo de tres semanas. Este proyecto incluirá un componente social diseñado para proteger a los segmentos más vulnerables de la población. Mientras tanto, el sector del autotransporte se mantiene a la expectativa de una convocatoria para discutir los pormenores de la iniciativa, y expertos en economía abogan por una aplicación escalonada de cualquier medida.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, anunció el pasado martes 11 de noviembre que su equipo ministerial está dedicando esfuerzos a la configuración de este proyecto. La propuesta contendrá una nueva estructura de precios y un plan de compensación social.

El titular de la cartera energética recordó que la supresión de esta subvención fue un compromiso central del presidente Rodrigo Paz durante su campaña electoral. Explicó que las próximas semanas serán cruciales para definir la metodología de gestión de la subvención y establecer la nueva estructura de precios a nivel nacional. Asimismo, extendió una invitación al sector del transporte para participar en un diálogo constructivo con la cartera de Estado.

Informes previos indicaban que el Estado destinaba aproximadamente 60 millones de dólares cada semana a la importación de combustibles. Actualmente, los precios subsidiados fijan el litro de diésel en 3,72 bolivianos y el de gasolina en 3,74 bolivianos, cifras que contrastan significativamente con el promedio de un dólar por litro observado en naciones vecinas.

Medinaceli detalló la complejidad del proceso, que implica una revisión exhaustiva de todos los márgenes de la cadena de valor, así como de los componentes de precio del diésel y la gasolina, para luego proponer nuevos márgenes y precios de referencia. En paralelo, se trabaja en un plan de protección para la población de menores ingresos, un esfuerzo que, según el ministro, demanda la coordinación de diversas políticas, normativas y reglamentaciones para asegurar el éxito del proceso.

En el ámbito del transporte, Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, ha manifestado que su gremio aguarda una convocatoria de la Confederación de Choferes de Bolivia para articular una posición unificada entre las once federaciones nacionales ante los anuncios gubernamentales.

Pérez indicó que se analizará el posible impacto de la medida, advirtiendo que cualquier modificación en los precios de los combustibles inevitablemente llevará a una revisión de las tarifas de transporte en todo el territorio. El líder gremial ha enfatizado la necesidad de que una determinación de tal envergadura sea fruto de un amplio consenso sectorial, desaconsejando una implementación abrupta. No obstante, expresó optimismo respecto a la concreción de un diálogo con el Ejecutivo en los próximos días.

Desde la Asamblea departamental, Luis Lema ha expresado su aprobación a la propuesta de realizar una evaluación exhaustiva de los costos de importación, transporte y comercialización de los combustibles antes de proceder a cualquier ajuste de precios. Se anticipa que no se producirá un aumento súbito, sino que se está diseñando una estrategia para mitigar el impacto en los segmentos de la población con menores recursos.

Lema reconoció el inicio de la gestión del nuevo ministro de Hidrocarburos, valorando su búsqueda de una transformación en el modelo económico. Si bien la subvención es insostenible, resulta crucial evitar episodios como el gasolinazo de 2010. El legislador subrayó que el Ejecutivo debe garantizar la máxima transparencia, detallando el destino de los fondos liberados, ya sea para salud o educación, a fin de asegurar la aceptación pública.

El asambleísta sugirió una focalización del apoyo económico para no perjudicar a los más desfavorecidos, y propuso reforzar el control sobre actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y la circulación de vehículos indocumentados. Enfatizó la importancia de un incremento gradual de los precios, con límites de banda, para prevenir un impacto inflacionario, y la necesidad de garantizar reservas de divisas para la importación de combustibles.

Una sugerencia adicional plantea la posibilidad de mantener el beneficio para el transporte, mientras se retira progresivamente para otros grupos que pueden asumir costos reales, tales como dueños de vehículos de alta gama, grandes empresas agroindustriales y cooperativas mineras, cuya identificación podría facilitarse a través del sistema B-Sisa.

El economista Fernando Romero ha descrito la situación como intrincada, señalando que el propio gobierno ha reconocido que la continuidad de la subvención absorbe entre el 4% y el 8% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en aproximadamente 3.200 millones de dólares anuales.

Romero opinó que, por el momento, es imperativo iniciar un análisis técnico de la estructura de precios congelados del diésel y la gasolina. Es fundamental que este análisis involucre a actores políticos, el empresariado, instituciones académicas, profesionales y los principales consumidores, incluyendo el transporte de carga, la agroindustria y el sector minero.

El analista subrayó que la continuidad indefinida de la subvención es inviable, no solo por su elevado costo, sino también porque una parte considerable del combustible subsidiado se desvía hacia el contrabando y otras actividades ilícitas. Subraya la prioridad de estabilizar la economía, advirtiendo que un aumento mínimo, incluso de 50 centavos, podría catalizar un efecto inflacionario significativo, en un contexto donde la inflación ya se sitúa cerca del 20%. Implementar tal medida hacia finales de año se considera la opción menos favorable.

Romero enfatiza que, aunque se mantenga el subsidio para el transporte y ciertas industrias, la contención de la inflación sería inviable, dado que el resto de las empresas y hogares, al enfrentar costos de combustible más elevados, trasladarían esos incrementos a los precios de bienes y servicios. De ahí la trascendencia de un estudio de impacto exhaustivo