Una resolución judicial de gran trascendencia ha determinado la anulación de la condena de diez años de prisión impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez en el caso conocido como Golpe II. Como resultado de esta decisión, se ha ordenado la liberación inmediata de la exmandataria.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue el encargado de emitir este dictamen, fundamentando la nulidad de la sentencia en una serie de argumentos jurídicos. El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, confirmó la disposición de la libertad para la exjefa de Estado, quien hasta ahora permanecía recluida en el penal de Miraflores en La Paz.
La determinación, fechada el 2 de octubre y emanada de la Sala Plena del TSJ, es el resultado de una revisión extraordinaria de la sentencia. Este proceso fue impulsado por el magistrado Carlos Ortega y contó con el respaldo unánime de todos los integrantes del máximo tribunal. La resolución instruye al juez de ejecución penal en La Paz a proceder con la libertad de la expresidenta, aplicando los mecanismos legales pertinentes.
Este fallo se hizo público el 5 de noviembre, coincidiendo con un momento de transición política en el país, marcado por la entrega de credenciales al presidente electo, Rodrigo Paz, y al vicepresidente electo, Edmand Lara. Tras la toma de juramento de las nuevas autoridades, programada para el 8 de noviembre, se prevé la instalación de una cumbre judicial el 10 de noviembre en Sucre, con el objetivo de abordar la crisis que atraviesa el poder judicial.
Desde su asunción, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, ha promovido una agenda de renovación judicial. En este contexto, ha señalado que el caso de la expresidenta Áñez subraya el compromiso institucional con la protección de los derechos individuales, la corrección de errores pasados y la actuación independiente de cualquier influencia política. Saucedo ha enfatizado la visión de una transformación en la justicia, una postura que su administración se ha propuesto mantener a lo largo de su mandato.
Esta medida se inscribe dentro de una serie de acciones impulsadas por el TSJ desde agosto, cuando se instruyó la verificación urgente de los plazos de detención preventiva en los procesos que involucran a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, figuras prominentes encarceladas en relación con los eventos de 2019.
Desde su reclusión, la expresidenta Áñez había expresado en diversas ocasiones su expectativa de una revisión judicial. Previamente a conocerse la resolución, había reflexionado sobre los casi cinco años de privación de libertad, afirmando que, si bien la marcaron, no lograron doblegar su convicción. Manifestó no arrepentirse de haber servido a la nación en un momento de necesidad, actuando con conciencia y firmeza, y reconociendo que las decisiones difíciles conllevan un costo. Según sus propias palabras, la verdadera libertad reside en mantener viva la verdad de sus acciones y motivaciones, más allá de los muros.
Al conocer la decisión del TSJ, la expresidenta calificó el resultado no como un triunfo, sino como una reparación, un derecho que, aunque tardío, recibía con alegría y esperanza en la justicia.
Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021 y procesada en la jurisdicción ordinaria, a pesar de su condición de exmandataria, bajo acusaciones de haber asumido la presidencia de manera irregular tras la dimisión de Evo Morales. Además del caso Golpe II, la expresidenta enfrenta otros siete procesos judiciales, los cuales han sido remitidos al Tribunal Supremo de Justicia para ser tramitados bajo la vía de juicio de responsabilidades.
El presidente del TSJ ha reiterado el compromiso de la institución con la rectificación de errores históricos y la garantía de que las injusticias no se repitan en el futuro bajo el amparo de la ley
