Una resolución trascendental del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha reconfigurado el panorama judicial en Bolivia, al emitir el Auto Supremo 011/2025. Este fallo, producto de una revisión extraordinaria, ha determinado la anulación de la condena de diez años de prisión que pesaba sobre la expresidenta Jeanine Áñez Chávez. La decisión judicial establece que en noviembre de 2019 existió un vacío de poder en el país, desestimando así la narrativa de un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Pocas horas después de que el TSJ notificara a las partes involucradas con su dictamen, el juez Primero de Ejecución Penal de La Paz, José Luis Cayoja, procedió a emitir la orden de libertad a favor de la exmandataria. Este acontecimiento marca el fin de 1.710 días de privación de libertad para Áñez, quien se prepara para reunirse con sus seres queridos. Sus hijos, Carolina Rivero Áñez y José Armando, expresaron un profundo alivio y esperanza ante la inminente liberación, aguardando el momento en que su madre recupere plenamente sus derechos constitucionales. Aunque inicialmente se esperaba que la liberación ocurriera el mismo día de la notificación, los procedimientos administrativos judiciales postergaron su ejecución hasta la jornada siguiente, tras la verificación legal correspondiente.
Desde la presidencia del TSJ se explicó que, si bien Áñez debió ser procesada mediante un juicio de responsabilidades, el Auto Supremo 011/2025 no abordó directamente la cuestión jurisdiccional. En cambio, el análisis se centró en la acusación misma, concluyendo que los magistrados que dictaron la condena original incurrieron en graves infracciones constitucionales. La fundamentación del Auto Supremo subraya que el fallo del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, emitido el 10 de junio de 2022, adolece de errores sustanciales en la interpretación constitucional y penal, vulnerando principios fundamentales como la legalidad, la tipicidad y el estado de necesidad constitucional.
El documento judicial detalla que los jueces Germán Ramos Mamani, Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Rocío Avilés Condori no valoraron adecuadamente las pruebas que evidenciaban el vacío de poder generado entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019, tras las renuncias de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Se argumenta que las acciones emprendidas por la entonces senadora Áñez estuvieron dirigidas a preservar el orden constitucional y evitar una ruptura institucional. Además, se cuestiona que los jueces hayan criminalizado lo que se consideró una falta al reglamento de las sesiones de la Asamblea Legislativa, procedimiento mediante el cual se designó a Áñez como presidenta interina.
En este sentido, el Auto Supremo concluye que Jeanine Áñez no actuó con dolo ni lesionó un bien jurídico protegido, sino que su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a salvaguardar la continuidad institucional del Estado boliviano. Por consiguiente, la sentencia condenatoria ejecutoriada presentaba un error de subsunción, vulneraba la legalidad penal y carecía de fundamentación lógica y fáctica, elementos que la hacían incompatible con el principio de culpabilidad y el derecho penal del acto. Ante estos argumentos, el TSJ resolvió anular la sentencia y declarar la absolución de Áñez de los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, instruyendo al juez Cayoja la emisión inmediata del mandamiento de libertad.
Tras su inminente liberación, la expresidenta Jeanine Áñez y su familia planean un reencuentro íntimo. Se contempla la posibilidad de su asistencia a los actos de posesión del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara, programados para el 8 de noviembre. Posteriormente, se espera que la exmandataria retorne a su departamento de origen, Beni, donde se anticipa un significativo recibimiento después de más de cuatro años de encierro.
No obstante, el equipo legal de la expresidenta ha anunciado que, una vez superada la etapa de su liberación, se analizarán las acciones legales pertinentes contra aquellos que presentaron las denuncias del supuesto golpe de Estado, así como contra los fiscales, jueces y vocales que emitieron resoluciones que, según la defensa, incurrieron en una serie de vulneraciones constitucionales. Los abogados Norka Cuéllar y Luis Guillén señalaron que el Auto Supremo emitido por el TSJ no solo evidencia la ilegalidad de la sentencia, sino también un uso arbitrario de las decisiones judiciales, lo que podría generar responsabilidad penal para funcionarios del gobierno de Luis Arce que participaron como acusadores. Se evaluará el grado de responsabilidad de cada individuo por los cuatro años y medio de privación de libertad sufridos por la exmandataria, y no se descarta la posibilidad de iniciar acciones por reparación de daños.
Entre los principales acusadores de Áñez en los procesos judiciales figuran la exdiputada del MAS Lidia Patty, el senador Andrónico Rodríguez, los exministros de Justicia Iván Lima y de Gobierno Eduardo Del Castillo, el exprocurador del Estado Wilfredo Chávez, y el exsubprocurador Juan Kaleff Clemor. Asimismo, el fiscal anticorrupción Omar Mejillones ha sido un actor central en los procesos y sentencias dictadas contra Áñez y otros exfuncionarios de su gestión. En este contexto, la defensa ha instado al Consejo de la Magistratura a realizar una auditoría jurídica exhaustiva de todos los casos abiertos contra la exmandataria, argumentando que estos debieron ser tramitados bajo la vía de un juicio de responsabilidades y no en la jurisdicción penal ordinaria
