La discusión en torno a la posible reincorporación de la agencia antidrogas de Estados Unidos en territorio boliviano ha cobrado nueva intensidad, reabriendo un debate fundamental sobre la soberanía nacional y la estrategia para combatir el narcotráfico. Esta situación surge a raíz de recientes declaraciones del presidente electo, quien ha manifestado su disposición a colaborar con diversas instancias internacionales, incluyendo la mencionada entidad.
Desde la perspectiva de un exministro de gobierno, la nación posee las capacidades necesarias y una trayectoria probada en su lucha independiente contra las actividades ilícitas relacionadas con las drogas. Esta antigua autoridad sostiene que Bolivia ha alcanzado resultados significativos y reconocidos globalmente a través de un modelo propio y soberano, sin injerencia externa. Se argumenta que, durante el periodo de operación de la agencia extranjera, se observó una tendencia hacia la criminalización de los productores de hoja de coca. El marco actual, se afirma, provee todos los instrumentos técnicos y operativos requeridos para una política antidrogas efectiva. Adicionalmente, se ha propuesto fortalecer la cooperación regional mediante la creación de una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, un mecanismo diseñado para fomentar la coordinación y el intercambio de experiencias entre los países de la región, siempre bajo principios de autonomía nacional.
En contraste, un actual alto funcionario del gobierno saliente ha interpretado las expresiones del presidente electo como una señal que prepara el camino para el retorno de la agencia foránea. Este ministro ha cuestionado severamente la eficacia de dicha entidad en otras naciones, describiendo su desempeño como un rotundo fracaso, a menudo vinculado con violaciones de derechos humanos y un uso desmedido de la fuerza. Ha hecho un llamado a defender el modelo antidrogas impulsado durante el reciente proceso de cambio.
Dentro de una influyente facción política, un expresidente ha ido más allá, sugiriendo la realización de un referendo nacional vinculante para que la ciudadanía decida si aprueba el reingreso de la agencia estadounidense. Esta propuesta enmarca la cuestión como una elección sobre la entrega de la autonomía nacional bajo el pretexto de una supuesta ayuda. Un senador de la misma corriente política ha respaldado esta idea, recordando que la Constitución Política del Estado prohíbe la instalación de bases extranjeras sin la debida autorización legislativa, enfatizando la necesidad de respetar ya sea el texto constitucional o la voluntad popular.
Paralelamente, un líder representativo de las comunidades campesinas ha advertido que estos sectores se organizarán para ofrecer una resistencia frontal ante cualquier intento de permitir la injerencia externa en los asuntos nacionales.
Este renovado debate subraya la persistente sensibilidad en torno a las políticas de control de drogas y la autodeterminación nacional, un tema que ha marcado históricamente el panorama político y social del país desde la expulsión de la agencia extranjera en 2008
