A escasos quince días de la programada toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha anunciado la suspensión de su futuro gobierno. Esta drástica medida fue justificada por el organismo regional, que agrupa a naciones de izquierda, al considerar que la postura del próximo ejecutivo boliviano es contraria a los principios fundacionales de la Alianza, calificándola de antibolivariana, antilatinoamericana, proimperialista y colonialista.
La ALBA, establecida el 14 de diciembre de 2004 en La Habana por los entonces mandatarios Hugo Chávez y Fidel Castro, vio la incorporación del gobierno de Evo Morales dos años más tarde. Con el tiempo, otros países de similar orientación ideológica se unieron a la iniciativa, aunque la alianza ha enfrentado un deterioro progresivo debido a las recurrentes crisis políticas en la región. Actualmente, sus miembros incluyen a Antigua, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Venezuela, Honduras, Ecuador y Bolivia.
La determinación de la ALBA se produce tras las recientes manifestaciones del presidente electo Paz, quien había expresado su intención de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a su ceremonia de investidura, aduciendo que no los considera democráticos. Estas declaraciones fueron calificadas por el bloque regional como totalmente inaceptables, al contravenir los principios de respeto, soberanía y cooperación que sustentan la integración de los pueblos de la región, con especial énfasis en las críticas dirigidas hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esta postura de Paz ha encontrado eco y respaldo en figuras políticas nacionales, como el exministro Fernando López Julio. López Julio ha manifestado su apoyo a la decisión del presidente electo, sugiriendo además que Bolivia debería desvincularse de otros bloques regionales identificados con la ideología bolivariana, como UNASUR. En sus comentarios, el exministro aludió a gastos considerados superfluos o de dudosa legitimidad, que, según él, deberían ser erradicados del país
