Ante la inminente celebración de la segunda vuelta electoral programada para este domingo, las principales instancias judiciales del país han articulado un significativo despliegue de recursos humanos y logísticos para asegurar la transparencia y legalidad del proceso. Esta movilización se ha coordinado estrechamente con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, estableciendo un marco de colaboración interinstitucional.
El Ministerio Público ha dispuesto un contingente de 410 fiscales a nivel nacional, cuya misión es garantizar el correcto desarrollo de la jornada cívica. A este equipo se suman 282 fiscales asistentes y 71 peritos, elevando el total de funcionarios de la Fiscalía dedicados a esta tarea a más de 770. Esta iniciativa, cuyas previsiones se iniciaron en la primera semana de octubre en consonancia con el calendario electoral, busca salvaguardar la integridad del sufragio y los principios democráticos. El Fiscal General del país ha subrayado la importancia de esta presencia institucional para respaldar la democracia y asegurar que la voluntad ciudadana se vea reflejada en los resultados.
La colaboración del Ministerio Público se extiende a los jueces electorales y a los tribunales electorales departamentales, con quienes se han llevado a cabo reuniones preparatorias en cada jurisdicción. Estas coordinaciones tienen como objetivo definir las pautas de trabajo conjunto y garantizar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo pacífico y ordenado de la votación. La autoridad fiscal ha reiterado el compromiso de la institución con la coadyuvancia y el respaldo a los organismos electorales para que la jornada transcurra con total normalidad.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también ha activado su propio dispositivo de supervisión. Un total de 836 jueces se desplegarán en todo el territorio nacional para velar por la legalidad del proceso de votación. El presidente del TSJ ha enfatizado que estos magistrados asumirán funciones electorales específicas, poniéndose al servicio de la ciudadanía para atender cualquier posible delito o irregularidad que pudiera surgir durante el día de la elección.
Adicionalmente, se ha informado que cada Magistrado del TSJ coordinará directamente con los presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia. Este esquema de seguimiento replica y fortalece las experiencias previas, reafirmando el compromiso del poder judicial con la democracia boliviana. Las autoridades judiciales han manifestado su convicción de que estas acciones son fundamentales para fortalecer el sistema democrático y asegurar que el acto electoral se desarrolle con la máxima normalidad y transparencia
