La ciudad de Tarija se encuentra al borde de una inminente emergencia sanitaria y ambiental, ante la posibilidad de que el sistema de limpieza urbana colapse en las próximas semanas. Esta crítica situación surge tras la reciente determinación de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), una entidad descentralizada de la Gobernación, de suspender la recaudación de la tarifa de aseo urbano a través de sus facturas de energía eléctrica. Dicha medida compromete la viabilidad operativa de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT), poniendo en riesgo la continuidad del servicio esencial de recolección de residuos.
Desde la sociedad civil, el Comité Cívico ha elevado una voz de alarma, instando a la Gobernación y al Gobierno Municipal a establecer un espacio de diálogo para evitar consecuencias adversas para la urbe. La titular del Comité Cívico ha manifestado profunda inquietud ante la posibilidad de que, a partir del próximo mes de noviembre, la capital chapaca se vea desprovista de su servicio de recolección de residuos, una consecuencia directa de la proyectada escasez de fondos operativos para EMAT. Se ha enfatizado que la persistencia de esta situación podría desembocar en una emergencia sanitaria de proporciones significativas. La acumulación de desechos, exacerbada por las altas temperaturas estacionales, no solo representaría un riesgo catastrófico para la salud pública, sino que también dañaría irreparablemente la imagen turística de la ciudad. Se ha expresado pesar por cómo las diferencias entre el gobernador y el alcalde han escalado, afectando la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía. En este contexto, el Comité Cívico ha propuesto la conformación urgente de una mesa de diálogo que incluya a la Gobernación, el Municipio, Setar y EMAT, con el fin de hallar una solución consensuada. Se sugiere que Setar mantenga la recaudación de la tasa de aseo urbano hasta que EMAT logre establecer un mecanismo de recaudación alternativo, subrayando que un servicio básico no debería ser comprometido por cuestiones administrativas o políticas.
Por su parte, la gerencia de Setar ha expuesto los fundamentos de su postura. Se ha indicado que el origen de esta controversia se remonta al año 2021, cuando expiró el convenio que autorizaba la inclusión de la tarifa de aseo en las facturas de energía eléctrica. La empresa había suspendido esta recaudación en octubre de 2023, pero una acción constitucional interpuesta por el Municipio la obligó a reanudarla temporalmente. No obstante, esta sentencia fue apelada ante el Tribunal Constitucional, el cual revocó el fallo original y dictaminó que el Gobierno Municipal debía elaborar una nueva reglamentación y una tasa de aseo urbano actualizada. La empresa de energía argumenta que no puede continuar con el cobro de una tarifa que carece de un respaldo legal vigente, ya que esto podría exponerla a sanciones por parte de los organismos reguladores. Además, se ha señalado que estas tasas, implementadas desde 2008 con ajustes en UFV y categorías, siempre han presentado dificultades en su gestión y cobro, generando incluso observaciones por parte de la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), que en una ocasión conminó a la devolución de más de 2 millones de bolivianos al considerar ciertos cobros como irregulares
