En un entorno de estricta reserva, dos altas autoridades bolivianas, la presidenta de la Aduana Nacional (ANB), Karina Serrudo, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú, comparecieron hoy en La Paz para rendir declaración informativa. Su participación se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la comercialización de combustible, un caso que ya ha derivado en un mandato de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
El fiscal a cargo del proceso, Yeison Plata, quien se trasladó desde Santa Cruz a La Paz para estas diligencias, ofreció declaraciones concisas. Indicó que la investigación se encuentra en su fase preliminar, con testimonios ya recabados y documentación pendiente de revisión, motivo por el cual no podía divulgar mayor información. Estas afirmaciones fueron realizadas minutos después de que el funcionario abandonara discretamente las instalaciones de la ANB en la zona de Sopocachi, optando por no responder a cuestionamientos adicionales y retirándose con celeridad.
La querella que dio origen a esta investigación fue interpuesta por exfuncionarios de la Aduana Nacional en Tarija. Estos individuos alertaron sobre exportaciones irregulares de combustible, poniendo en entredicho la validez de un contrato específico. No obstante, la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, ha sostenido que los denunciantes fueron cesados de sus cargos poco antes de presentar la acusación, sugiriendo un móvil de represalia. Asimismo, Serrudo ha afirmado que no se ha configurado ninguna infracción penal, ya que, según su criterio, las operaciones de exportación se ajustaron a la normativa vigente, a pesar de que la denuncia estima un perjuicio económico de 14.400 millones de dólares.
Según los registros del proceso, Joel Callaú fue el primero en declarar, haciéndolo en las oficinas de la ANH a las 13:00 horas. Posteriormente, el fiscal Plata se dirigió a las dependencias de la Aduana, donde la diligencia investigativa se extendió hasta las 20:00 horas. Cabe destacar que la práctica de un fiscal de recabar testimonios o declaraciones de imputados en sus respectivos lugares de trabajo ha sido objeto de observación.
Previamente, el pasado jueves, el fiscal emitió un mandato de aprehensión contra Armin Dorgathen, cuya justificación para dicha medida coercitiva no ha sido explicitada. Actualmente, el presidente de YPFB se encuentra en situación de rebeldía judicial, dado que la orden no ha sido ejecutada por las fuerzas del orden y el aludido no ha comparecido ante la autoridad fiscal.
Los denunciantes han sido identificados como Rodrigo Acuña Sánchez, administrador de la Aduana Frontera Yacuiba, y Jesús Salvador Vargas Cruz, técnico en gestión aduanera y operativa de la Gerencia Regional Tarija. Su acusación se centra en presuntas irregularidades en la exportación de combustible que, según su informe, habrían infringido la reglamentación aduanera en vigor.
Adicionalmente, Dorgathen se encuentra bajo investigación en el denominado caso Botrading, relacionado con alegaciones de sobrecostos en la adquisición de hidrocarburos a través de una empresa intermediaria en Paraguay. En relación con los denunciantes de la Aduana, Serrudo les atribuyó el uso indebido de papelería oficial de la ANB y la usurpación de funciones, reiterando que fueron desvinculados antes de formalizar la querella
