La toma de posesión de las nuevas autoridades departamentales, incluyendo gobernadores, alcaldes y asambleístas, está proyectada para el 3 de mayo de 2026. No obstante, esta fecha crucial está supeditada a la pronta aprobación de la convocatoria electoral.
El organismo electoral nacional ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley de carácter transitorio, fundamental para la organización de los comicios subnacionales del próximo año. Existe la expectativa de que esta legislación sea validada durante la primera quincena de noviembre. La necesidad de esta normativa surge de un vacío legal en cinco departamentos que aún no cuentan con estatuto autonómico, lo que requiere una ley específica para regular los procedimientos de elección, la cantidad de asambleístas y la modalidad de representación, ya sea por territorio o población.
El Proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales fue presentado el 9 de octubre. La entidad electoral subraya la importancia de que la actual legislatura lo apruebe antes de finalizar su gestión, con el fin de evitar cualquier dilación en la emisión de la convocatoria a las elecciones subnacionales, programada inicialmente para noviembre. Se ha expresado preocupación de que, si la aprobación se retrasa hasta después del 8 de noviembre, fecha en que nuevas autoridades legislativas asumirían sus cargos, el proceso podría sufrir demoras significativas. Cabe destacar que el proyecto de ley mantiene las mismas disposiciones que rigieron las elecciones subnacionales de 2021.
Desde la Asociación de Municipalidades de Bolivia, se ha manifestado inquietud sobre la estrechez de los plazos. Se ha advertido que, de no aprobarse con celeridad el mencionado proyecto de ley, resultaría improbable la investidura de las nuevas autoridades en los nueve departamentos del país para el mes de mayo, lo que obligaría a reajustar los términos del calendario electoral.
A esta complejidad se añade el hecho de que los mandatos de los vocales electorales, tanto nacionales como departamentales, concluyen el 19 de diciembre. Si no se aprueba una ley que dé inicio al proceso electoral en un plazo inmediato, sería indispensable una nueva legislación que modifique los plazos, lo que requeriría un acuerdo político que se traduzca en una normativa específica. Incluso se ha planteado la posibilidad de que los actuales vocales permanezcan en sus funciones por un periodo adicional para asegurar la continuidad del proceso electoral. Este escenario podría, en última instancia, implicar una extensión del mandato de las autoridades subnacionales en ejercicio
