La máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia ha reafirmado el compromiso inquebrantable con la celebración de las próximas elecciones nacionales, incluyendo una eventual segunda vuelta. Esta garantía se fundamenta en la ausencia de cualquier interferencia por parte de jueces o vocales en el desarrollo del calendario electoral establecido, lo que subraya la dedicación del poder judicial a un proceso ordenado y una transición pacífica.

Se ha presentado una denuncia institucional contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, imputándoles dos delitos específicos. Esta acción refleja una postura unificada, consensuada previamente con otras altas instancias judiciales, como el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Se ha enfatizado que esta denuncia no representa ningún riesgo para la continuidad del proceso electoral ni para el cronograma fijado.

El fundamento central de la denuncia radica en el presunto desconocimiento de la voluntad popular respecto a la duración constitucional de los mandatos judiciales. La Carta Magna establece claramente un periodo de seis años, y se acusa a ciertos magistrados de haber emitido una resolución para extender unilateralmente sus propios periodos en el cargo, lo que se considera una vulneración del principio democrático de los mandatos definidos.

En caso de que las actuaciones judiciales resulten en vacantes dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional, su operatividad no se vería comprometida. Existe un precedente en 2017, cuando el tribunal funcionó eficazmente con un número reducido de miembros, incluso con un solo magistrado durante un trimestre. Actualmente, la presencia de cuatro magistrados electos asegura la plena funcionalidad de la institución.

Como medida preventiva, se ha solicitado al Ministerio Público la activación de alertas migratorias contra cinco individuos. Esta solicitud se justifica por un riesgo inminente de que estas personas abandonen el país, buscando asegurar su sometimiento a la investigación en curso y evitar cualquier intento de obstaculización de la justicia.

La responsabilidad de convocar y gestionar futuras elecciones judiciales, destinadas a cubrir posibles vacantes, recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se espera que la nueva composición legislativa, que asumirá sus funciones el próximo mes, tome las riendas de esta tarea crucial para la consolidación democrática del país.

Se han manifestado preocupaciones significativas sobre los intentos de ciertos individuos de aferrarse a sus cargos utilizando temas nacionales sensibles. Sus acciones son percibidas como un desprecio manifiesto por el sentir ciudadano y los valores democráticos. Se alega que estos individuos manipularon previamente el ejercicio democrático en elecciones judiciales anteriores, creando estructuras para mantenerse en el poder mientras otros eran reemplazados, recurriendo a lo que se describe como artimañas jurídicas. Además, se sostiene que los exmagistrados, ahora considerados ciudadanos comunes, deben enfrentar procesos legales a través de las vías ordinarias por presuntas declaraciones engañosas a la población