Un dictamen judicial de gran trascendencia ha sido emitido por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, atendiendo a una Acción Popular impulsada por la Defensoría del Pueblo. Esta resolución exige a seis organismos estatales la implementación de medidas perentorias para contener la grave contaminación hídrica y el uso de cianuro en las operaciones mineras del municipio de Viacha.
La sentencia, dictada en la madrugada de este jueves con el número 266/2025, impone a entidades clave como los ministerios de Medio Ambiente y Agua, y de Minería y Metalurgia, junto con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, la obligación de ejercer plenamente sus atribuciones de fiscalización, control y supervisión ambiental.
Entre las disposiciones específicas, se instruye al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Viceministerio de Recursos Hídricos, el Ministerio de Salud, la Gobernación departamental y la Alcaldía de Viacha, llevar a cabo exhaustivos estudios de calidad del agua y del entorno en las localidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo. Paralelamente, el Ministerio de Minería debe reforzar su vigilancia sobre todas las empresas del sector, asegurando que operen con las licencias ambientales, de funcionamiento y de operación pertinentes, conforme a la normativa vigente. Asimismo, las instituciones demandadas deberán proporcionar información detallada sobre fiscalización y aspectos ambientales a la Defensoría del Pueblo, además de ejecutar acciones inmediatas para salvaguardar los derechos colectivos al agua, la salud, el medio ambiente y la Madre Tierra.
Desde la Defensoría del Pueblo, se ha enfatizado que este veredicto representa un avance crucial hacia la justicia ambiental. Se subraya la imperiosa necesidad de que las instituciones estatales actúen de forma coordinada, transparente y responsable para proteger los ecosistemas y la salud de las comunidades. Esta resolución se alinea con los principios de la Ley de Medio Ambiente (1333) y el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional ratificado por Bolivia.
La severidad de la situación se ve respaldada por informes técnicos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav), los cuales confirman que cuatro de las veintitrés empresas mineras activas en el municipio están contaminando fuentes hídricas con cianuro. Alarmantemente, veintiuna de estas operaciones funcionan de manera irregular, careciendo de las licencias ambientales y de funcionamiento requeridas. Análisis de laboratorio realizados el 22 de agosto de 2025 revelaron la presencia de cianuro libre en pozos asociados a las empresas Dinámycos, Rupaymin, Jacha Kollo y Jacha Mallku. En el caso particular de Rupaymin, la contaminación se extendió incluso al agua dispensada desde un tanque industrial, destinado al consumo humano en áreas adyacentes.
Cabe destacar que el municipio de Viacha no posee yacimientos metálicos propios. La problemática surge del procesamiento secundario de residuos mineros provenientes de otras regiones, donde se busca recuperar trazas de zinc, níquel o cobre mediante lixiviación. Esta práctica ha transformado la localidad en un foco de alto riesgo ambiental.
La contaminación minera se inserta en un panorama ambiental ya complejo, agravado por las emisiones atmosféricas de ladrilleras y cerámicas, así como por el vertido de aguas residuales de El Alto en el río Pallina, según estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de 2023. Líderes de comunidades originarias han denunciado que la degradación ambiental se ha gestado a lo largo de más de cuatro décadas, resultando en la desaparición de fauna y la afectación de cultivos. Se ha señalado que las aguas residuales han suplantado ecosistemas vitales que históricamente nutrían el lago Titicaca, y ahora la contaminación minera amenaza directamente las fuentes hídricas subterráneas.
La crisis ambiental ha escalado a un conflicto social y político, manifestado en movilizaciones de las sesenta y un comunidades de Viacha. Estas protestas culminaron en la aprobación de una ley municipal que exige la expulsión de las veintitrés empresas mineras. A pesar de que la ley fue promulgada por la autoridad municipal, esta enfrenta solicitudes de suspensión, bajo acusaciones de haber tolerado la contaminación y de retener información pública. Desde el ámbito político local, una representante del concejo municipal ha señalado la responsabilidad de las autoridades locales y del Ministerio de Medio Ambiente por la falta de respuesta ante los informes de contaminación. Por otro lado, un viceministro de la cartera de Medio Ambiente ha manifestado que, según sus análisis, no se ha detectado cianuro en el agua, aunque sí admitió la necesidad de revisar las licencias de las empresas que operan sin la debida autorización.
La Defensoría del Pueblo ha enfatizado que esta sentencia judicial establece un precedente histórico en la defensa de los derechos colectivos y la Madre Tierra. Desde el año 2024, la institución ha liderado un Comité Interinstitucional para la Protección de los Recursos Hídricos
