Comunidades rurales en Tarija enfrentan una situación crítica cuatro semanas después de ser impactadas por intensas granizadas. Los productores agrícolas continúan en una espera prolongada por la asistencia prometida, mientras sus campos permanecen devastados y carecen de semillas y fertilizantes esenciales para reanudar sus actividades productivas. La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) ha señalado que la dilación en la ayuda se debe a la ausencia de una declaratoria de desastre por parte del Gobierno Municipal de Cercado, un requisito indispensable para activar los mecanismos de apoyo a nivel departamental y nacional.

Las fuertes precipitaciones de granizo, registradas a mediados de septiembre, causaron estragos significativos en localidades como Yesera San Sebastián, San Jacinto Norte y San Andrés, según confirmaciones de la Subcentral de Campesinos de Cercado. En varias de estas áreas, cultivos fundamentales como la papa, la arveja y el maíz sufrieron una destrucción total. Las autoridades municipales han reconocido que en al menos dos de estas comunidades, los daños superan el 80% de la producción, con pérdidas agrícolas que ascienden a más de 2 millones de bolivianos. Los agricultores, inmersos en la temporada de siembra, han expresado la urgencia de recibir apoyo inmediato en forma de semillas o abono químico para poder recuperar parte de sus cosechas.

Desde la AMT, se ha explicado que el protocolo institucional para atender este tipo de emergencias climáticas no se ha activado. Este procedimiento establece que, tras un evento de tal magnitud, la administración municipal debe evaluar los daños y emitir una ley de declaratoria de emergencia para movilizar recursos propios. Si los fondos locales son insuficientes, se requiere una ley de declaratoria de desastre, lo que permitiría la intervención del Gobierno Departamental. En caso de que este último tampoco disponga de los recursos necesarios, la declaratoria se elevaría al Gobierno Nacional para activar la asistencia a través del Viceministerio de Defensa Civil. Sin embargo, se ha indicado que ninguno de estos pasos se ha completado, y la AMT no ha recibido ningún informe formal que habilite la solicitud de ayuda a nivel nacional.

La recurrencia de fenómenos climáticos extremos en la región agrava la situación de los productores, evidenciando una falta de planificación a largo plazo. Se ha enfatizado la necesidad de que las nuevas administraciones gubernamentales implementen estrategias más allá de las soluciones paliativas, promoviendo la tecnificación del sector agrícola y otros mecanismos de producción que fortalezcan la resiliencia de las comunidades. Además, se ha advertido que cualquier solicitud de ayuda que se realice ahora podría enfrentar demoras adicionales, ya que su gestión recaería en las autoridades que asuman el próximo gobierno.

Por su parte, la Subalcaldía de Cercado ha asegurado que la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) municipal está evaluando los daños y coordinando la asistencia para las comunidades afectadas en las subcentrales de Tolomosa y Lazareto, donde se concentran los impactos más severos. Se ha confirmado que los cultivos de papa, arveja, maíz para choclo y hortalizas de consumo familiar fueron los más perjudicados. No obstante, los productores insisten en que el tiempo es un factor crítico y que la respuesta institucional está resultando tardía frente a las exigencias del ciclo agrícola.

La Dirección de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Tarija ha ratificado que no ha recibido ningún informe oficial por parte del Gobierno Municipal de Cercado para asistir a las comunidades damnificadas por las granizadas recientes. Se ha sugerido la posibilidad de que el municipio haya emitido únicamente una declaratoria de emergencia de ámbito local, lo que le permitiría realizar ajustes presupuestarios internos y gestionar gastos para subsanar la situación de manera autónoma.

Este retraso en la atención a las comunidades afectadas pone de manifiesto una brecha institucional persistente: la deficiente coordinación y planificación entre los distintos niveles de gobierno. Mientras los campesinos sufren la pérdida de sus medios de subsistencia, los procesos administrativos ralentizan el flujo de la ayuda esencial.

En este contexto, se ha reavivado el debate sobre la implementación de un seguro agrario que brinde protección a los pequeños productores frente a las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos. Tanto desde la AMT como desde la administración municipal, se reconoce la urgencia de esta medida, solicitada nuevamente por las comunidades campesinas. Sin embargo, los municipios enfrentan restricciones presupuestarias significativas, lo que dificulta la sostenibilidad de un seguro de esta naturaleza. Se ha instado al Concejo Municipal de Cercado a tomar la iniciativa y normar la viabilidad de un seguro agrícola en beneficio del sector productivo. Aunque algunos municipios han implementado esquemas similares, se han identificado deficiencias en la asistencia efectiva a las familias afectadas. La pérdida total de la producción a menudo se traduce en una presión sobre los precios en los mercados, mientras los costos de producción no permiten a los agricultores continuar sus labores.

La AMT y los líderes rurales concuerdan en la necesidad imperante de una política integral en Tarija que abarque la gestión de riesgos y la reactivación agrícola. Esta política debería ir más allá de la respuesta post-desastre, enfocándose en fortalecer la prevención, el aseguramiento y la capacidad de adaptación del sector productivo frente a los desafíos del cambio climático

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