El Consejo de la Magistratura ha desvelado una preocupante situación en el ámbito judicial de Cochabamba, al informar sobre la existencia de múltiples procesos penales y disciplinarios que comprometen a jueces y exjueces del departamento. Se han identificado serias anomalías en la administración de justicia, con expedientes activos que abarcan delitos como prevaricato, corrupción, uso indebido de bienes del Estado, falsificación y usurpación de funciones.
La institución ha emprendido una política de transparencia y control interno, que ha permitido la reactivación y el reencauzamiento de causas que se encontraban estancadas. Esta iniciativa busca sanear el sistema judicial en uno de los distritos más relevantes del país, donde se han iniciado investigaciones contra administradores de justicia, algunos de los cuales enfrentan sentencias condenatorias pendientes o incluso órdenes de captura internacional.
Los detalles revelados por el Consejo de la Magistratura ilustran la magnitud de los desafíos. Entre los expedientes destacados figura el de un exmagistrado del Juzgado Civil y Comercial N°3 de Sacaba, quien enfrenta acusaciones por la presunta conformación de una red de corrupción judicial, tráfico de influencias, dilación procesal y utilización indebida de recursos estatales. Sobre este individuo pesa una orden de aprehensión vigente, y se ha solicitado cooperación internacional a Interpol, ante la sospecha de que ha abandonado el país para evadir la acción de la justicia.
Otro expediente concierne a una exjueza del Juzgado de Instrucción Cautelar N°2 de la capital, quien fue sentenciada el 29 de agosto de 2025 por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia N°4 a siete años de reclusión por prevaricato e incumplimiento de deberes. La sentencia, sin embargo, no ha adquirido firmeza legal, ya que ha sido impugnada por su defensa.
Un tercer caso involucra a un exregistrador de Derechos Reales, quien enfrenta cargos por usurpación de funciones y utilización de instrumento falsificado. Las pesquisas indican que el funcionario habría presentado documentación apócrifa, incluyendo una libreta de servicio militar adulterada, para acceder a su puesto. Actualmente, se le han impuesto medidas cautelares y ha sido separado de sus funciones en el Consejo de la Magistratura.
Adicionalmente, un juez de Cochabamba está siendo investigado penalmente por prevaricato. Este proceso se tramita en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción N°5, donde el Consejo de la Magistratura se ha constituido como parte denunciante y ha solicitado la aplicación de medidas cautelares, cuya resolución se encuentra en fase de apelación ante la Sala Penal Cuarta.
También por prevaricato, un juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer N°1 de Quillacollo ha recibido una sentencia condenatoria. La audiencia para determinar sus medidas cautelares está fijada para el 16 de octubre de 2025, fecha en la que el Consejo espera que se dicte su detención preventiva.
Finalmente, un magistrado del Tribunal de Sentencia Anticorrupción N°1 de Quillacollo es objeto de una denuncia por prevaricato e incumplimiento de deberes. Este proceso, al igual que otros, había permanecido inactivo hasta que el Consejo decidió impulsarlo durante la presente gestión.
Se ha destacado que la reactivación de estos expedientes, muchos de los cuales estaban paralizados, es fundamental para asegurar una respuesta judicial efectiva. Si bien la justicia deberá determinar la inocencia o culpabilidad de los implicados, se ha enfatizado que aquellos que resulten condenados no podrán continuar ejerciendo la función pública. El Consejo de la Magistratura ha manifestado su intención de seguir informando sobre situaciones similares en otras regiones del país, con el firme propósito de restaurar la confianza ciudadana en la integridad del sistema judicial
