La jornada deportiva en Montero se vio nuevamente ensombrecida por graves incidentes de violencia. Tras el empate a un gol entre Guabirá y Blooming en un encuentro de la Copa Bolivia, las inmediaciones del estadio Gilberto Parada se transformaron en un escenario de confrontación. Diversos objetos, incluyendo piedras y artefactos pirotécnicos, fueron lanzados entre facciones de aficionados, provocando pánico entre los asistentes y residentes de la zona, quienes buscaron refugio apresuradamente.
Los primeros informes de las autoridades confirmaron la existencia de múltiples personas heridas, algunas de las cuales requirieron traslado en ambulancia a centros de atención médica cercanos. Adicionalmente, se reportaron daños significativos en varios vehículos estacionados, que fueron objeto de apedreamiento y saqueo. La situación generó un profundo temor entre familias y transeúntes que simplemente esperaban disfrutar de un evento deportivo.
Desde el ámbito de la seguridad, se ha expresado una profunda consternación por la recurrencia de estos eventos. Se ha señalado la inacción de las autoridades como un factor contribuyente, y se ha sugerido que el partido debió haberse programado en una ciudad diferente, como Santa Cruz, dada la frecuencia de altercados cuando grupos de aficionados visitantes se desplazan a Montero.
Tras los disturbios, se inició de inmediato una investigación formal. En coordinación con la fiscalía, se procedió al precintado de ciertas secciones del estadio, específicamente las curvas, como medida de seguridad. La situación no es inédita; cada encuentro en este recinto se vive con la preocupación latente de que pueda ocurrir una tragedia. La decisión de acordonar el estadio fue considerada una acción apropiada por parte de las fuerzas del orden y el Ministerio Público de Montero.
La indignación se extiende hacia la cúpula dirigencial del fútbol, a quienes se les atribuye una parte de la responsabilidad por permitir que estos actos de violencia persistan. Se ha enfatizado que estas permisividades ponen en riesgo la vida de las personas, mencionando la presencia de restos de sangre en diversas áreas del estadio. Existe una preocupación creciente y un llamado urgente a prohibir la presencia de grupos organizados de aficionados en los partidos.
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la violencia parece haber adquirido un carácter incontrolable. Se ha observado que el problema no requiere de un análisis complejo para identificar a los grupos de aficionados como los principales responsables. Mientras familias buscan un espacio de esparcimiento, estos individuos arruinan la experiencia. La única medida efectiva que se vislumbra es la celebración de partidos sin la asistencia de estos grupos, advirtiendo que, de no tomarse acciones firmes, la situación podría escalar a desenlaces fatales.
El balance del operativo policial incluyó la detención de quince personas, de las cuales seis son menores de edad, además de la confirmación de varios heridos. Se ha subrayado que el problema persistirá mientras exista una complicidad, explícita o implícita, por parte de los clubes, especialmente a través de la entrega de entradas a estos grupos. La solución definitiva, se argumenta, reside en cortarles completamente el acceso a los estadios.
Los recientes acontecimientos en Montero han dejado, una vez más, un panorama desolador de agresiones, heridos y miedo. Este escenario resuena como una advertencia imperativa para las autoridades y el fútbol boliviano: sin decisiones contundentes y una postura firme, la violencia continuará expandiéndose tanto dentro como fuera de los campos de juego
