La reciente declaración del Ministro de Educación, Omar Veliz, que establece la exigencia de un certificado de vacunación contra el sarampión para el cobro del Bono Juancito Pinto, ha generado un profundo descontento en el ámbito de las organizaciones de padres de familia. Franklin Arancibia, quien preside la Junta Escolar de Padres de Familia, manifestó su preocupación ante esta disposición.
Arancibia hizo hincapié en que el beneficio de 200 bolivianos constituye un derecho adquirido por los estudiantes y no debe ser interpretado como una concesión gubernamental. En este sentido, advirtió firmemente contra cualquier intento de utilizar dicho apoyo económico como un instrumento de coacción o una condición impuesta.
Subrayó la obligación ineludible del Estado de asegurar que el pago de este bono llegue a la totalidad de los estudiantes elegibles. De no ser así, argumentó, se estaría infringiendo directamente el derecho a la igualdad y la dignidad que ampara a toda la comunidad estudiantil.
Ante este panorama, la organización nacional de juntas escolares ha anunciado la adopción de una postura unificada. Paralelamente, dirigentes de El Alto han otorgado un plazo de 48 horas al Ministro para que reconsidere y retire la medida anunciada
