Una creciente demanda por la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos mandatos han sido extendidos, se observa en diversas esferas institucionales del país. La postura inicialmente manifestada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ha encontrado un eco significativo y se ha visto reforzada por las declaraciones de importantes figuras del ámbito judicial y político.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Cristhian Méndez, expresó su total respaldo a la posición del TSJ, argumentando que la extensión irregular de los mandatos de los magistrados constitucionales compromete seriamente la institucionalidad boliviana y hace imperativo el restablecimiento del orden legal dentro del Órgano Judicial. Desde su jurisdicción, aseguró un apoyo firme a la iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, José Baptista, indicó que el pronunciamiento de Saucedo refleja una preocupación legítima por la solidez de la institucionalidad democrática y el respeto irrestricto al principio de temporalidad en el ejercicio del poder. Afirmó que la autoprórroga de mandatos en el Tribunal Constitucional Plurinacional carece de sustento jurídico y constituye una vulneración a la independencia judicial.
En el ámbito legislativo, la diputada Laura Rojas, presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, también manifestó su adhesión a la postura del presidente del TSJ. La legisladora hizo un llamado a sus colegas de todas las bancadas políticas para que aprueben sin dilación la ley que pone fin a los mandatos de los magistrados, una normativa que ya cuenta con la sanción del Senado. Subrayó la urgencia de restaurar la institucionalidad del Órgano Judicial, cuya legitimidad ha sido gravemente afectada por la extensión ilegal de los mandatos.
Desde el gobierno departamental, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se sumó a las voces críticas, señalando que los magistrados con mandatos extendidos carecen de legalidad y legitimidad, e instó a su dimisión.
El expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Veltzé también se pronunció sobre el tema. Coincidiendo en la necesidad de la salida de los magistrados, el exmandatario fue más allá y solicitó que otras entidades del Estado, como la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría General, también emitan su posición al respecto, haciendo notar que el pronunciamiento del TSJ tardó diez meses en producirse.
Con estos respaldos, la demanda inicial del presidente del TSJ ha trascendido su origen individual para consolidarse como un movimiento institucional más amplio, que exige el cese de la prórroga de mandatos en el TCP y la recuperación de la legitimidad en el sistema de justicia boliviano
