La Asamblea Legislativa Plurinacional dispuso de una asignación presupuestaria que superó los 274 millones de bolivianos para el ejercicio fiscal 2024-2025. En contraste con esta considerable erogación de fondos públicos, una parlamentaria formuló una solicitud pública para la adquisición de nuevos equipos de telefonía móvil destinados a los legisladores, previo a la conclusión de su mandato el próximo 8 de noviembre.

El desglose de estos recursos revela que la Cámara de Diputados, con sus 278 integrantes (entre titulares, suplentes y supraestatales), administra la mayor parte, con un monto de 188.667.348 bolivianos. Por su parte, el Senado, compuesto por 72 legisladores (titulares y suplentes), cuenta con un presupuesto de 85.969.517 bolivianos para el mismo periodo.

El incidente que generó debate ocurrió durante una sesión nocturna de la Cámara de Diputados. La legisladora María Elena Ortega, representante de Tarija, instó al presidente de la Cámara, Omar Yujra, a gestionar la provisión de nuevos dispositivos celulares a través de la empresa telefónica estatal, pidiendo que se consideraran las necesidades de los parlamentarios. Al día siguiente, la postura de la diputada fue objeto de desaprobación por parte del líder de su propia bancada.

Un análisis de los datos oficiales de la Cámara Baja muestra que solo en remuneraciones para sus miembros, el Estado destina 138.053.188 bolivianos anualmente. Esto se traduce en un costo aproximado de 496.594 bolivianos por cada diputado al año, cubierto por los contribuyentes. Adicionalmente, los gastos operativos, que incluyen servicios básicos como energía eléctrica, agua, telefonía e internet, ascienden a 45.595.313 bolivianos anuales. Dividiendo esta suma entre los 278 legisladores, se estima un gasto de 164.011 bolivianos por cada uno en estos servicios durante el periodo.

En contraparte, la gestión legislativa hasta la fecha, según la información presentada por la presidencia de la Cámara de Diputados, registra la introducción de 353 proyectos de ley. De estos, únicamente 28 fueron aprobados y 5 llegaron a ser sancionados, sumando un total de 33 iniciativas legislativas concretadas en un año. Esto representa un promedio de apenas 2.75 leyes procesadas mensualmente.

Esta notable desproporción entre la cuantiosa inversión económica y la limitada producción legislativa ha avivado el cuestionamiento público, especialmente ante solicitudes como la de nuevos equipos de comunicación para los parlamentarios antes de la finalización de sus funciones