La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) impulsó en julio una reforma significativa, aprobando una normativa destinada a optimizar su composición mediante la reducción del número de sus miembros de treinta a diecisiete. No obstante, la implementación de esta medida, crucial de cara a las próximas elecciones subnacionales, se encuentra estancada. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aún no ha emitido un dictamen sobre la constitucionalidad de la ley, una validación indispensable para su entrada en vigor, incluso bajo un esquema de excepción.
La legislación fue remitida al TCP hace más de dos meses, sin que hasta la fecha se haya formalizado siquiera su admisión, un proceso que usualmente debería completarse en diez días hábiles. Este prolongado retraso plantea serias dudas sobre la viabilidad de aplicar la reducción de representantes en el próximo periodo legislativo. Se ha señalado que este rezago en el pronunciamiento del tribunal está generando un escenario que inviabiliza la posibilidad de la reducción de asambleístas en la nueva legislatura.
Frente a esta situación, se ha considerado la inclusión de una disposición excepcional en la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales, que permitiría la aplicación de la reducción de asambleístas a partir de 2026. Esta propuesta requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Paralelamente, se subraya la necesidad imperiosa de que Tarija disponga de una ley electoral departamental propia, un marco normativo que la ALDT tiene previsto finalizar este mismo mes.
El procedimiento ordinario para esta reforma, tras su aprobación, implica la remisión al TCP y, subsiguientemente, la convocatoria a un referéndum para enmendar el Estatuto Autonómico. No obstante, la dilación actual ha impedido el avance de estas etapas, dejando el proceso en un punto muerto.
La justificación principal detrás de esta iniciativa radica en la imperiosa necesidad de alinear la estructura legislativa departamental con la actual coyuntura económica de Tarija. El departamento ya no dispone de los recursos financieros que sustentaron la conformación original de la Asamblea, lo que exige una adaptación a esta nueva realidad fiscal.
Con el fin de fortalecer el respaldo público ante los obstáculos institucionales, se han establecido contactos con diversas organizaciones cívicas y sociales, buscando un pronunciamiento unificado que avale la reducción y otorgue mayor legitimidad a la propuesta. Además de la disminución del número de titulares, la normativa propuesta contempla la eliminación de la figura de los asambleístas suplentes, lo que representa un ahorro adicional en el presupuesto departamental. Asimismo, se prevé la supresión de los cargos de subgobernadores.
La concreción de esta reforma legislativa permanece, por tanto, en un estado de incertidumbre, supeditada a la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyo veredicto definirá el futuro político y administrativo de la próxima gestión en Tarija
