La administración regional se enfrenta a una creciente preocupación debido a la existencia de aproximadamente noventa normativas departamentales cuya aplicación resulta inviable por la ausencia de los recursos económicos necesarios. Esta situación está generando un pasivo que, de no ser abordado, continuará incrementándose mientras dichas disposiciones permanezcan en vigor.

El gobernador Oscar Montes ha señalado reiteradamente la imposibilidad material de cumplir con este conjunto de leyes, insistiendo en que su revisión es una tarea ineludible para los miembros de la Asamblea Departamental. Esta solicitud ha sido una constante desde el año 2021. Ante la interrogante sobre la necesidad de abrogar o modificar estas normativas, el mandatario ha enfatizado que la decisión sobre la forma de acción —ya sea modificación, cambio o anulación— es una prerrogativa y responsabilidad exclusiva de los legisladores. Ha instado a los asambleístas a abordar con urgencia esta problemática.

El ejecutivo regional ha advertido que la inacción no conducirá a una paralización de la administración, sino a la acumulación de una deuda que, en el futuro, será plenamente exigible y acarreará responsabilidades. Montes ha declarado explícitamente su desvinculación de responsabilidad en este asunto, argumentando que la facultad de modificar la ley no recae en sus atribuciones. La deuda, según sus palabras, se está acumulando precisamente porque estas leyes continúan vigentes sin la posibilidad de ser implementadas.

La mayoría de estas normativas fueron promulgadas durante el primer periodo de la Asamblea, entre los años 2010 y 2015, una época de bonanza económica para la región, impulsada por los ingresos del gas natural, que llegaban a alcanzar hasta 160 millones de bolivianos mensuales. Esta cifra contrasta drásticamente con los actuales 20 millones de bolivianos que se perciben, los cuales son considerados totalmente insuficientes para cubrir las obligaciones derivadas de dichas leyes.

El gobernador se ha referido a esta cuestión en el contexto de las comunicaciones que ha dirigido a los legisladores, instándoles a abordar la modificación o anulación de estas leyes ante su inviabilidad práctica. Ha recordado que la Constitución establece con claridad que toda obligación creada por ley debe contar con el respaldo financiero correspondiente para su cumplimiento, un principio que los asambleístas conocen desde hace cuatro años y que, para estas normativas, es actualmente inexistente.

Los miembros de la Asamblea son plenamente conscientes de la inviabilidad de ciertas leyes, por lo que su revisión y ajuste es una responsabilidad ineludible. El ejecutivo regional ha informado de la situación a la Contraloría y al gobierno central.

Respecto a la noción de que una ley que condicione el uso de recursos a su disponibilidad sería suficiente, el gobernador ha refutado esta interpretación, señalando que el sistema judicial no la comparte. La justicia, según su visión, entiende que la existencia de una ley implica su cumplimiento, sin excepciones. La persistencia de estas noventa leyes de imposible cumplimiento se mantiene, a pesar de la drástica reducción de los ingresos mensuales regionales, pasando de 160 millones a los actuales 20 millones de bolivianos