La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez ha presentado un segundo recurso extraordinario de revisión de sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, buscando su absolución definitiva y la anulación de la condena de diez años de prisión impuesta en junio de 2022.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, ha confirmado que este recurso ha sido admitido y sorteado, y que una magistrada ya ha sido designada para analizar los fundamentos jurídicos expuestos por la defensa. Saucedo explicó que un primer recurso, presentado meses atrás, fue declarado inadmisible por no cumplir con ciertos requisitos formales. El actual recurso se encuentra en fase de revisión para determinar su admisibilidad.

El enfoque de esta nueva presentación difiere del anterior. El primer recurso de revisión extraordinaria buscaba la nulidad de todo el proceso, en línea con fallos previos que establecieron la incompetencia de la justicia ordinaria en casos relacionados con altas autoridades electas, como las denominadas masacres de Sacaba y Senkata. En esos precedentes, los tribunales remitieron los expedientes a la Fiscalía, argumentando que dichas autoridades deben ser juzgadas mediante un juicio de responsabilidades.

En esta ocasión, la estrategia legal, según el abogado Luis Guillén, ya no persigue la nulidad, sino la absolución plena de la expresidenta. La defensa alega la existencia de irregularidades procesales y vulneraciones al debido proceso. Guillén sostiene que este recurso es considerablemente más robusto, argumentando que Áñez fue juzgada sin ser debidamente escuchada, sin estar presente y sin que sus pruebas de descargo fueran valoradas. La sentencia, a su juicio, se habría construido desde una premisa de culpabilidad, en lugar de buscar la verdad de los hechos.

Los abogados de la expresidenta recuerdan que el proceso se basó en los acontecimientos ocurridos entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cuando Áñez, entonces senadora, asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. La defensa insiste en que los tribunales no tomaron en cuenta el contexto político de las protestas, las renuncias en cadena y las instrucciones emitidas para dejar el poder acéfalo. Además, señalan que ni Morales ni García Linera, quienes figuran como presuntas víctimas en la acusación, fueron convocados a declarar.

A pesar de una sentencia constitucional previa que permitió anular tres procesos contra Áñez y liberar a varios co-procesados, la exmandataria permanece recluida en el penal de Miraflores, cumpliendo la condena por el caso “Golpe I”.

La magistrada designada evaluará el recurso para determinar si cumple con los requisitos de admisibilidad. Aunque la ley no establece plazos específicos para este procedimiento, el presidente del TSJ anticipa una resolución en los próximos días, señalando que la magistrada se pronunciará esta semana.

Desde la parte acusadora, el abogado Jorge Nina, representante de la exdiputada Lidia Patty, ha calificado el recurso como inviable. Nina argumenta que ya existe un Auto Constitucional, el 173/2025, que declaró inadmisibles este tipo de recursos, y que no es posible solicitar nuevamente la revisión de una sentencia que ya ha adquirido firmeza. El jurista enfatiza que la vía procesal se encuentra agotada y que, en este punto, corresponde al Régimen Penitenciario garantizar los derechos de la exmandataria sin que ello implique alterar la sentencia ejecutoriada.

El caso de la expresidenta Áñez sigue siendo un punto de alta sensibilidad en la agenda judicial y política del país. El desenlace de este nuevo recurso no solo determinará el futuro legal de la exmandataria, sino que también reavivará el debate sobre la independencia judicial y la aplicación de los juicios de responsabilidades, en un escenario donde varias decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia han modificado la interpretación institucional sobre la competencia de los tribunales ordinarios frente a autoridades electas