Las comunidades asentadas en una sección de la Reserva de Tariquía han emitido una resolución formal ante los recientes acontecimientos y el proceso judicial que afecta a algunos de sus miembros. La asamblea del Comité de Defensa de Chiquiacá, reunida durante el fin de semana, declaró un estado de alerta en la región, motivado por la aprobación de una licencia ambiental gubernamental para la exploración petrolera en el área conocida como Domo Oso X-3.
El documento expresa una profunda preocupación y hace un llamado a diversas instancias nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Entre las entidades interpeladas se encuentran la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales dedicados a la salvaguarda de los derechos colectivos de pueblos indígenas y campesinos, la Redesca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como defensores de derechos humanos y la Relatoría sobre Empresas y Derechos Humanos. La comunidad sostiene que esta medida no solo vulnera los derechos de las comunidades campesinas de Tariquía, sino que también afecta los derechos del pueblo boliviano en general, al impactar un área protegida que constituye un patrimonio natural del país.
Uno de los puntos centrales de la objeción radica en lo que se describe como un ocultamiento en la tramitación de la licencia. Aunque el permiso lleva fecha del 10 de julio de 2025, su publicación en línea no se produjo sino hasta principios de septiembre. Esta demora de aproximadamente dos meses, según la resolución, impidió la posibilidad de impugnar la licencia dentro del plazo legal de diez días, lo cual se interpreta como una clara indicación de un proceder cuestionable por parte de las autoridades.
Asimismo, se denuncia un desprecio por la postura de resistencia de las comunidades frente a los proyectos petroleros y por sus propios procesos de consulta interna. La concesión de la licencia ambiental sugiere que se habrían cumplido los procedimientos de consulta y obtenido el consentimiento de las comunidades. Sin embargo, los pobladores afirman que esto no ha ocurrido en la práctica, señalando que las empresas han ignorado el derecho a la consulta y han incumplido los estándares y requisitos establecidos en convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
La situación se agrava al considerar que la licencia ambiental fue otorgada mientras persiste un proceso penal contra defensores ambientales de la zona. En este contexto, se percibe que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se alinea con una serie de acciones que, a juicio de las comunidades, violan sus derechos fundamentales.
Las comunidades de Chiquiacá han mantenido una postura firme y consistente, reiterando en múltiples resoluciones y comunicados públicos su rechazo a cualquier intervención hidrocarburífera en su territorio. Esta oposición abarca los pozos en el bloque San Telmo Norte, el proyecto exploratorio Domo Oso X-3, y el bloque Churumas, que incide directamente en la zona núcleo de la Reserva de Tariquía. La resistencia comunitaria a estos proyectos permanece activa y decidida
