El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está delineando la propuesta de un proyecto de ley de carácter excepcional y transitorio, con el objetivo de asegurar la celebración de las elecciones subnacionales durante la primera quincena de marzo de 2026, cumpliendo así con los plazos legales establecidos. Esta iniciativa obedece tanto a imperativos técnicos como a la necesidad de subsanar carencias normativas aún presentes en algunas jurisdicciones departamentales.
La normativa actual estipula que la convocatoria a elecciones debe emitirse con al menos 120 días de antelación. Según esta proyección, recae en la actual Sala Plena del TSE —cuyo mandato concluye el 19 de noviembre— la responsabilidad de aprobar dicha convocatoria y de definir el cronograma electoral.
La institución proyecta que la convocatoria debería ser emitida a mediados de noviembre, lo que permitiría poner en marcha el empadronamiento biométrico masivo en los primeros días de diciembre. De esta manera, se lograría encauzar el proceso electoral sin comprometer los plazos que garanticen la realización de los comicios en marzo y la posterior posesión de las autoridades subnacionales en mayo de 2026.
El proyecto de ley también busca solventar las lagunas jurídicas que persisten a nivel departamental. Se ha señalado que varios departamentos todavía carecen de estatutos autonómicos plenamente aprobados, lo que obliga a establecer, de forma transitoria, reglas para la asignación de escaños en las asambleas legislativas departamentales, siguiendo precedentes de comicios subnacionales previos.
La propuesta contempla replicar un modelo que permita regular aspectos no contemplados por la ley y que, de no ser resueltos, podrían obstaculizar el desarrollo del proceso. Incluso, se debe considerar la posibilidad de una segunda vuelta en algunos departamentos.
Aunque la situación ideal sugeriría que una nueva Sala Plena, una vez renovada, asumiera esta tarea, se ha reconocido que posponer esta labor hasta la renovación implicaría el riesgo de no cumplir con los plazos técnicos. Por razones eminentemente técnicas, se considera indispensable que la actual Sala Plena avance en este trabajo antes de noviembre.
La mayoría de los vocales electorales finalizarán sus funciones el 19 de noviembre, fecha que se convierte en un momento crucial para definir el futuro de las elecciones regionales. Si esta normativa no es aprobada antes de esa fecha, el proceso podría enfrentar retrasos que repercutan negativamente en el cronograma electoral.
Paralelamente, el organismo electoral prosigue con sus responsabilidades inmediatas vinculadas al balotaje presidencial del 19 de octubre. Ya se ha iniciado la distribución de papeletas electorales a los tribunales departamentales. El 19 de septiembre, 80.200 papeletas llegaron a los TED de Pando y Beni, destinadas en parte al área rural. Posteriormente, el domingo, cajas conteniendo más de 2.115.000 papeletas arribaron al Centro Departamental de Logística de Santa Cruz
