A pesar de que el senador Pedro Vargas, miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha solicitado formalmente el retiro de su propuesta legislativa, el controvertido proyecto de ley que busca la suspensión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la extensión de los mandatos de los legisladores, así como del presidente y vicepresidente, continúa en el orden del día de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural del Senado.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral sigue con atención el desarrollo de este asunto. Sus representantes han manifestado reiteradamente que, de prosperar esta iniciativa, representaría una grave afrenta a la democracia. Asimismo, han expresado preocupación por el hecho de que la actual Asamblea Legislativa priorice este tema en detrimento de otras normativas de apremiante necesidad, tales como la ley para la convocatoria de nuevos vocales electorales, la designación de vocales departamentales y la convocatoria para las elecciones judiciales complementarias, un proceso pendiente desde hace casi un año, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instruyó al Legislativo trabajar en una nueva convocatoria.
La propuesta para suspender a los vocales del TSE generó una significativa ola de críticas y controversia. El senador Vargas, quien ha cuestionado abiertamente la labor de los miembros del TSE en los procesos electorales que administran, comunicó por escrito a las comisiones de Constitución y de Justicia Plural su decisión de retirar el proyecto de ley y, por ende, suspender su tratamiento.
Sin embargo, ambas comisiones han confirmado que, pese a tener conocimiento de la solicitud, el proyecto sigue su curso. Desde la Comisión de Justicia Plural, se indicó que la misiva de Vargas fue remitida a la presidencia del Senado para que sea el Pleno de la Cámara Alta el que determine si se procede o no con el retiro. Por su parte, la Comisión de Constitución señaló que, conforme al reglamento camaral, una vez que un proyecto de ley ingresa a comisión, debe ser objeto de tratamiento para su aprobación, modificación, enmienda o rechazo, sin que exista una disposición que contemple la figura del retiro.
En un contexto preelectoral, el legislador masista Vargas propuso, mediante su iniciativa, la suspensión de los vocales del TSE argumentando una supuesta pérdida de confianza ciudadana en ellos. Adicionalmente, el proyecto contemplaba la prolongación de los periodos de los actuales legisladores hasta la elección de nuevos vocales, así como la extensión de los mandatos del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.
Tanto los vocales del TSE como el propio presidente Arce han manifestado su rechazo a la intención de Vargas de suspender a las autoridades electorales y prorrogar a los titulares del Ejecutivo y Legislativo. Un vocal del TSE afirmó que, de ser aprobada, la medida sería un golpe artero a la democracia y a la institucionalidad boliviana. Todas las autoridades deben cumplir su mandato constitucional. Todas.
Más allá de la propuesta del senador Vargas, que ya se encuentra en fase de comisiones, el Poder Legislativo tiene al menos tres asuntos cruciales que resolver. Uno de ellos es la aprobación de la Ley excepcional de convocatoria para la selección y elección de nuevos vocales del TSE. A pesar de que el Senado aprobó esta ley hace tres semanas, la Cámara de Diputados no ha abordado el tema en sus sesiones, incluyéndolo recientemente en la agenda semanal como el punto número 23 de un total de treinta proyectos de ley. Hasta la fecha, la Cámara Baja no había convocado a sesión. Es imperativo que el Legislativo complete todo el proceso de convocatoria, selección y elección de las nuevas autoridades electorales antes del 19 de diciembre, fecha en que concluye la gestión constitucional de los actuales vocales del TSE.
El segundo tema pendiente es la designación de nuevos vocales para los tribunales electorales departamentales (TED), cuyos mandatos finalizan el 20 de diciembre. Para estos cargos, cada Asamblea Legislativa Departamental debe presentar cuatro ternas a la Cámara de Diputados, que es la encargada de elegir, con una mayoría de dos tercios, a cuatro de las cinco autoridades electorales. La quinta es designada por el jefe de Estado.
El tercer asunto pendiente de la Asamblea es la emisión de la convocatoria para las elecciones judiciales complementarias, destinadas a elegir a cuatro magistrados del TCP y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto se debe a que el 4 de noviembre de 2024, el TCP declaró desierta la convocatoria previa del Legislativo para magistrados de cinco departamentos (Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) y para magistrados del TSJ de Pando y Beni. Un vocal del TSE ha señalado que la Asamblea Legislativa incumple desde el 5 de noviembre de 2024 con la convocatoria de la elección complementaria judicial
