Una jornada ordinaria en Guayaramerín se vio abruptamente interrumpida la tarde del 22 de septiembre. En el barrio Reyes Magos, donde las familias habitualmente regresan a sus hogares en motocicleta tras la jornada, el abogado Limbert Cruz Bazán no logró cruzar el umbral de su vivienda. Lo esperaba la rutina de abrir la puerta junto a su esposa e hijos, pero en su lugar, lo sorprendió la violencia. Dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y, tras atacarlo con disparos, huyeron, dejando a su familia sumida en el horror y la incertidumbre sobre las motivaciones de un crimen que, desde el inicio, se sospechó podría estar ligado a redes delictivas organizadas.
Detrás de este suceso que conmocionó al departamento del Beni, se encontraba la trayectoria de un hombre forjado en el esfuerzo y la superación. Originario de Cotoca, Santa Cruz, donde cultivó su disciplina, Limbert cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, obteniendo su título en 2018. Posteriormente, se registró en el padrón nacional de abogados del Ministerio de Justicia, un requisito esencial para el ejercicio de su profesión en cualquier parte del país. Aunque inició su práctica en su tierra natal, pronto decidió establecerse en el Beni. Allí construyó una nueva vida, formando una familia con una médica y criando a cuatro hijos pequeños, quienes hoy enfrentan la orfandad.
La noticia de su trágico deceso se esparció rápidamente, generando incredulidad y dolor entre vecinos, amigos y colegas. En Cotoca, su lugar de origen, la consternación fue similar. Sus restos fueron trasladados a esta localidad, donde seres queridos y allegados le brindaron el último adiós, en un ambiente de profundo pesar. Quienes lo conocieron lo describieron como un individuo dedicado a su trabajo y a su familia, buscando comprender el sinsentido de una pérdida tan repentina como injusta.
La Brigada de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inició de inmediato las diligencias investigativas. Se procedió a la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, se recabaron declaraciones de testigos y familiares, y se puso en marcha la búsqueda de la motocicleta utilizada por los perpetradores. Desde los primeros momentos, la posibilidad de que el crimen respondiera a un encargo no ha sido descartada.
En los días posteriores al suceso, surgieron rumores que vinculaban a Cruz Bazán con la defensa legal de Claudia Alquiza Moroña, una comerciante secuestrada el 6 de septiembre en la misma ciudad de Guayaramerín, cuyo paradero aún permanece desconocido. Sin embargo, las autoridades policiales desmintieron categóricamente esta conexión, asegurando que no existía relación profesional entre el abogado y la comerciante desaparecida, ni vínculo alguno entre ambos casos. En relación al secuestro de la comerciante, ya se han detenido a cuatro ciudadanos de nacionalidad brasileña, y la búsqueda de la mujer continúa. No obstante, el reciente asesinato del abogado podría complejizar aún más el curso de esta investigación y las esperanzas de su liberación.
La demanda social por respuestas se intensificó al compás de las muestras de duelo. El fiscal departamental, en su primera aparición pública tras asumir el cargo, confirmó que la víctima falleció a consecuencia de múltiples impactos de bala, y que el arma utilizada era de calibre 38. Cabe mencionar que el anterior fiscal había dejado su puesto en medio de supuestas amenazas de un prófugo con cargos por narcotráfico. En el marco de la investigación para esclarecer el asesinato del jurista, se han incautado grabaciones de cámaras, un dispositivo DVR y los teléfonos móviles de la víctima y su cónyuge. Asimismo, se ha recolectado documentación personal que podría ofrecer indicios sobre posibles motivos adicionales detrás del crimen. A la fecha, los responsables del ataque no han sido identificados y no se ha establecido una hipótesis clara sobre las motivaciones.
Mientras las pesquisas avanzan, perdura el recuerdo de un hombre que decidió labrar su destino lejos de su pueblo natal. Un abogado joven, de 39 años, que construyó una familia y un futuro en el Beni. Hoy, tanto Guayaramerín como Cotoca lo evocan como un profesional íntegro y un padre dedicado a sus hijos, una memoria que se afianza precisamente por la ausencia de un móvil claro para su violenta muerte. Su historia, truncada por la violencia, resuena como un llamado apremiante a la justicia, para que se esclarezca un crimen que ha dejado un vacío inmenso en el seno de su familia y en la comunidad que lo acogió.
Este lamentable suceso se inscribe en un contexto de creciente violencia que ha afectado principalmente a Santa Cruz y a varias localidades del Beni. La escalada de crímenes se evidenció a partir del 13 de agosto, con el descubrimiento de los cuerpos de tres extranjeros —dos de origen serbio y uno macedonio— en la zona norte de la capital cruceña, un hecho vinculado a la mafia balcánica y al tráfico internacional de estupefacientes. Días después, un doble homicidio, marcado por más de un centenar de disparos, segó la vida de Leonardo Vaca Díez y Harold Méndez, ambos con historiales delictivos. Adicionalmente, el 2 de septiembre, Lorgio Saucedo, otro individuo con antecedentes criminales, desapareció; su vehículo fue hallado calcinado y su asesinato fue posteriormente confesado por un detenido
