La expresidenta transitoria Jeanine Áñez ha emprendido una nueva acción legal desde su lugar de reclusión, el penal de Miraflores. El 19 de septiembre, presentó un recurso extraordinario de revisión de sentencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), buscando impugnar la condena de diez años de prisión que le fue impuesta en junio de 2022. El documento ha sido debidamente registrado con el sello oficial de recepción.

Este recurso se dirige contra el dictamen 12/2022, emitido por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1° de La Paz, que la encontró responsable de los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, así como de Incumplimiento de deberes. La exmandataria argumenta que el proceso judicial vulneró su derecho a la defensa, al haber sido juzgada por la vía ordinaria sin que se reconociera su condición de expresidenta, lo que, a su juicio, exigía un juicio de responsabilidades. Además, sostiene que la resolución judicial es producto de una instrumentalización política por parte del Ministerio Público y del Gobierno en funciones.

En su escrito, Áñez afirma que fue declarada culpable a pesar de las restricciones impuestas a sus derechos fundamentales, impidiéndole una defensa adecuada ante un juez natural y el ejercicio pleno del derecho a la prueba. Califica la sentencia de absurda e injusta y denuncia que fiscales y jueces actuaron bajo directrices del expresidente Evo Morales y de la administración del actual presidente Luis Arce.

La presentación de este recurso coincide con el cumplimiento de 1.450 días de detención preventiva y posterior condena para Áñez, desde su aprehensión el 13 de marzo de 2021 en Trinidad. En una declaración pública difundida simultáneamente, la exmandataria reiteró su inocencia, expresando que cada día de encarcelamiento representa una injusticia que la separa de sus hijos, su familia y su hogar. Insiste en que debió ser sometida a un juicio de responsabilidades, conforme a la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores, y no a un proceso penal ordinario.

Esta iniciativa legal surge apenas dos días después de que el TSJ declarara inadmisible otro recurso presentado por la defensa de Áñez el 17 de septiembre. En aquella ocasión, la defensa había cuestionado los fundamentos de la sentencia de 2022 y solicitado su nulidad, pero los magistrados consideraron que no cumplía con los requisitos legales para su tramitación.

La decisión previa del TSJ generó críticas por parte de la oposición, que acusa al sistema judicial de operar bajo influencias políticas. Por su parte, el oficialismo mantiene que la exmandataria debe cumplir su condena por el papel que desempeñó durante la crisis política de 2019, tras la dimisión de Evo Morales.

El recurso extraordinario de revisión ahora interpuesto por Áñez se fundamenta en el artículo 422 del Código de Procedimiento Penal, que faculta a un sentenciado a recurrir una sentencia ejecutoriada en cualquier momento y en su favor. La exmandataria confía en que este nuevo intento sea admitido, a pesar de los recientes precedentes.

La Sala Plena del TSJ deberá determinar en los próximos días si admite el recurso para un análisis de fondo o si, una vez más, lo rechaza en la etapa preliminar. Mientras tanto, Áñez continúa presentándose como una presa política, advirtiendo que su prolongada reclusión es un indicio de la ausencia de garantías judiciales en Bolivia