Una considerable movilización de trabajadores mineros asalariados tuvo lugar este jueves en La Paz, con el objetivo de urgir al Gobierno a intervenir frente a las apropiaciones ilegales de yacimientos y la operación de empresas sin autorización que provocan un significativo deterioro ambiental.
Los integrantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) iniciaron su marcha en El Alto, descendiendo a pie hasta la capital administrativa. Durante el recorrido, los manifestantes hicieron uso de petardos y detonaron algunos bloques de dinamita, generando interrupciones en las principales arterias del centro de la ciudad. La concentración final se estableció frente a las instalaciones del Ministerio de Minería, a la espera de un encuentro con el titular de la cartera, Alejandro Santos Laura.
Los representantes del sector, incluyendo el secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye, articularon las principales demandas, que incluyen un cese a las incursiones ilegales en áreas de trabajo, la detención del robo de mineral y el fin de la minería no autorizada. Subrayaron la necesidad de salvaguardar las concesiones mineras que les han sido asignadas. Se señaló que diversos yacimientos en Potosí, Oruro y La Paz han sido objeto de ocupaciones ilegales por parte de ciertas cooperativas mineras.
Durante la protesta, se expresó una fuerte crítica hacia la inacción gubernamental, sugiriendo una posible complicidad con estas prácticas perjudiciales para la industria minera y la sociedad en general. Otro dirigente, Edwin Peredo, atribuyó la necesidad de la movilización a lo que percibió como una falla del Ejecutivo en garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes mineras, a pesar de que el sector asalariado cumple rigurosamente con la normativa vigente. Peredo también manifestó la oposición del gremio a las operaciones de empresas ilegales que causan daños al ecosistema en varias regiones. Un representante enfatizó el derecho ciudadano a exigir el cumplimiento de la ley cuando las normativas constitucionales son vulneradas, haciendo un llamado específico al respeto de la legislación minera y las disposiciones contra las apropiaciones ilegales y el hurto de minerales.
Posteriormente, los líderes de la movilización recibieron una invitación formal del Ministerio de Minería para entablar un diálogo sobre sus reivindicaciones.
En semanas recientes, se han registrado tensiones en distintos yacimientos, tales como Andacaba, Reserva Tres Amigos y Porco, en la región andina de Potosí, así como en las minas de Colquiri y Caracoles, ubicadas en La Paz. Los trabajadores han denunciado intentos de grupos identificados como cooperativistas y otros pobladores por tomar control de las concesiones mineras donde operan los asalariados.
Adicionalmente, en el municipio de Viacha, también en La Paz, se ha reportado la presencia de al menos 23 empresas, mayoritariamente de capital extranjero, que estarían llevando a cabo actividades mineras sin las autorizaciones pertinentes. Esta situación, según los habitantes locales, representa un riesgo considerable para la salud pública y el entorno natural.
El panorama minero en Bolivia se estructura en tres grandes segmentos: el sector administrado por el Estado, la iniciativa empresarial privada y el modelo cooperativista, este último compuesto por asociaciones autónomas de afiliados dedicadas a la explotación de minerales sin una dependencia patronal directa
