La dinámica del mercado de combustibles en el país ha experimentado una transformación significativa con la reciente apertura de un punto de venta en Santa Cruz que comercializa diésel importado sin el amparo de la subvención estatal. Este establecimiento, operado por una empresa boliviana, ofrece el litro de este carburante a un costo de 13,99 bolivianos, marcando un hito y, al mismo tiempo, encendiendo un debate crucial sobre la sostenibilidad de los subsidios a los hidrocarburos.

La discusión sobre la continuidad de estas ayudas es cada vez más apremiante, dado el considerable impacto en las arcas públicas. Durante el año en curso, el Estado ha destinado una cifra cercana a los 2.381 millones de dólares a la subvención de combustibles, y las proyecciones para el próximo año fiscal indican que este monto podría ascender a los 2.900 millones de dólares. Esto se traduce en un desembolso diario que oscila entre los 7 y 8 millones de dólares, una carga financiera que se vuelve progresivamente más difícil de sostener para la economía nacional.

Diversos sectores han manifestado sus posturas frente a la posibilidad de eliminar estos subsidios. Desde la Asociación de Artesanos de Tarija, se ha expresado una firme oposición, argumentando que tal medida no solo perjudicaría directamente a su gremio, sino que generaría una espiral inflacionaria que afectaría a toda la cadena productiva, desde el costo de las materias primas hasta el precio final de los bienes y servicios.

Por otro lado, el sector del autotransporte, a través de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, ha planteado la necesidad de un enfoque escalonado para cualquier retiro de la subvención, sugiriendo comenzar por el empresariado privado y la minería. Los transportistas señalan que, si bien se benefician del subsidio al diésel y la gasolina, ellos, a su vez, contribuyen indirectamente a mantener tarifas de pasajes accesibles para la población. Advierten que, de eliminarse el apoyo estatal, el incremento en las tarifas de transporte sería inevitable. Este gremio también subraya que ya opera con márgenes de ganancia reducidos o incluso a pérdida, dado que la subvención solo cubre el combustible, mientras que el costo de repuestos e insumos ha escalado hasta en un 300%. Además, contrastan la lentitud en el ajuste de sus tarifas, que puede tardar entre cinco y siete años por apenas unos centavos, con los incrementos salariales anuales por decreto. La situación se complica aún más para los propietarios con múltiples vehículos, quienes deben afrontar las obligaciones laborales y los beneficios sociales de sus choferes.

Un análisis económico sugiere que la incursión de empresas privadas en la importación de carburantes sin subsidio es un paso positivo. Expertos en la materia consideran que esta apertura podría mitigar el monopolio estatal en el sector y fomentar la competencia. Se recomienda al gobierno establecer un marco fiscal, administrativo y tributario que incentive a más compañías a participar en este mercado. Se argumenta que la disponibilidad de diésel, incluso a un precio más elevado, es preferible a su escasez, que a menudo lleva a los consumidores a recurrir al mercado informal, donde los precios superan los 10 bolivianos por litro de combustible de calidad dudosa. Esta diversificación de la oferta podría aliviar la presión sobre las finanzas públicas y beneficiar incluso a sectores como el agrícola, al garantizar el acceso a carburantes.

En el ámbito político, los principales aspirantes a la presidencia han abordado el tema de la subvención con cautela. Aunque sus propuestas no han sido del todo claras, en diversas ocasiones han coincidido en la necesidad de revisar y eventualmente levantar este subsidio, sin ahondar en los detalles de cómo implementarían tal medida.

La preocupación por el impacto en los costos de vida es palpable. En La Paz, dirigentes del transporte libre han alertado que la supresión del subsidio a los hidrocarburos podría disparar el costo de los pasajes del transporte público hasta en un 300%, lo que significaría un aumento aproximado de 6 a 7 bolivianos por viaje. Comparan el precio actual de 3,74 bolivianos con el precio internacional de 11 bolivianos por litro sin subvención, expresando inquietud ante las propuestas de los candidatos que, según ellos, perjudicarían a la población en general.

El dilema persiste: mantener una subvención que ejerce una presión considerable sobre el presupuesto nacional o retirarla, asumiendo los costos sociales y políticos que implicaría un incremento inevitable en los precios de bienes y servicios