La administración estadounidense ha determinado que Bolivia no ha cumplido de forma evidente con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el tráfico de drogas, lo que ha llevado a su exclusión de la lista de naciones que cooperan activamente en este ámbito. Esta decisión fue comunicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Washington ha emitido una advertencia clara: aquellos países que no asuman sus responsabilidades como puntos de origen o tránsito de sustancias ilícitas enfrentarán severas repercusiones. A pesar de ello, se ha reafirmado la continuidad de la asistencia antinarcóticos considerada vital para Colombia, Bolivia, Venezuela y Birmania.
En relación con Bolivia, el informe estadounidense reconoció ciertas acciones positivas, como incautaciones de drogas y la colaboración con la justicia de Estados Unidos, destacando el caso de un exjefe antidrogas. No obstante, se enfatizó que el país aún tiene un camino considerable por recorrer para asegurar que su territorio no se convierta en un refugio para organizaciones dedicadas al narcotráfico. Este mecanismo de certificación ha sido empleado por Washington desde 1986 para evaluar el desempeño de más de veinte países productores y de tránsito de drogas.
Las implicaciones económicas y políticas para Bolivia tras esta determinación son significativas. Expertos en la materia sugieren que, si bien la medida era predecible, no debe subestimarse en el actual escenario de crisis económica y transición política que atraviesa la nación andina. El efecto económico más inmediato radica en que la legislación de asistencia exterior de Estados Unidos restringe el acceso a una parte considerable de la cooperación bilateral para los países que no cumplen con sus compromisos antinarcóticos. Aunque la ayuda estadounidense no ha constituido una parte central del presupuesto boliviano en los últimos años, su limitación afecta áreas de interés estratégico.
De manera indirecta, las consecuencias pueden ser aún más profundas, dada la influencia determinante de Estados Unidos en organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Una señal negativa emitida desde Washington podría traducirse en un mayor escrutinio o incluso en la oposición a la aprobación de nuevos créditos para Bolivia, lo que elevaría la percepción de riesgo país y desalentaría a posibles inversores extranjeros.
La imagen internacional de Bolivia también se ve comprometida al ser percibida como un santuario para criminales buscados por la justicia internacional. Casos recientes de narcotraficantes extranjeros que han encontrado refugio en territorio boliviano, incluyendo miembros de importantes organizaciones criminales, han reforzado esta percepción. Existe preocupación en la región por la equiparación de Bolivia con naciones como Birmania o Venezuela, y por la inquietud sobre posibles vínculos entre actores ligados a redes criminales y la actual administración boliviana. La situación plantea interrogantes sobre el tipo de presión que Estados Unidos ejercerá sobre Bolivia para que demuestre una respuesta efectiva en la lucha contra las drogas.
Desde una perspectiva jurídica, la reiterada exclusión de Bolivia de esta lista —en dieciocho ocasiones desde 2008— pone de manifiesto la ineficacia de las políticas criminales implementadas por el Estado. El tráfico de drogas es un delito transnacional que demanda estrategias claras y eficientes. La persistente descertificación sugiere que las medidas adoptadas no han sido ni efectivas ni sostenibles, y que la existencia de leyes no es suficiente si estas no se aplican en la práctica.
Se ha observado que el Estado boliviano dispone de herramientas normativas, como la Ley 913 de 2017 que incorpora la figura del colaborador eficaz, pero estas no se ejecutan de forma adecuada. Mientras que en otros países de la región esta figura ha sido clave para desarticular organizaciones criminales, en Bolivia su aplicación efectiva es limitada. Las políticas criminales existen, pero su falta de cumplimiento en los procesos judiciales las torna ineficaces.
El impacto de esta situación trasciende lo económico, generando una sensación de inseguridad jurídica generalizada. El derecho penal busca prevenir y sancionar; si el Estado no aplica con rigor sus instrumentos de prevención y castigo, la percepción social de impunidad se eleva, lo que a su vez fomenta la criminalidad organizada. Además, se cuestionan propuestas simplistas como el aumento de penas o la construcción de más cárceles, ya que se ha demostrado que el endurecimiento de las sanciones no reduce la criminalidad. Lo que se requiere son leyes procesales eficaces, una cooperación internacional genuina y una aplicación rigurosa de la normativa vigente.
De cara a las próximas elecciones presidenciales en noviembre, los analistas coinciden en que el futuro gobierno enfrentará un doble desafío: reconstruir la confianza internacional y demostrar con hechos concretos que Bolivia puede ser un socio fiable en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que responde a las demandas de inversión extranjera directa que han sido parte de las promesas de campaña. La tarea del nuevo presidente se perfila como monumental, heredando una economía interna en crisis y una relación con Estados Unidos marcada por la desconfianza. Será imperativo no solo negociar con Washington, sino también mostrar resultados internos mediante políticas criminales y judiciales eficaces
